En el marco de la causa Los Sauces, nombrada así por la inmobiliaria familiar investigada por haber lavado más de $ 80 millones, el juez Claudio Bonadio decidió en 2016 intervenir no sólo la compañía sino también el Condominio Máximo y Florencia Kirchner.

Es por eso que desde entonces, Raquel Moyano está al frente de la administración de los inmuebles. Pero, como titular de la mitad de cada uno de los bienes que conforman el grupo, Máximo tiene obligaciones tributarias correspondientes al impuesto sobre los Bienes Personales.

El abogado agregó que el líder de La Cámpora “fue desapoderado de sus propiedades, no puede usufructuarlas y los fondos recaudados por su locación son administrados por una auxiliar de la justicia; (…) debe soportar cuantiosas cargas tributarias que son consecuencia directa e inmediata de la titularidad registral de inmuebles de los que fue despojado (Bienes Personales) y de una actividad comercial que, en la actual coyuntura, no le redunda ningún rédito (IVA y Ganancias)”.

Según su abogado defensor, Máximo adeuda, al 31 de agosto de 2020, en concepto de Impuesto sobre Bienes Personales en los períodos fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 con intereses incluidos la suma de $ 3.031.079,22. En concepto del Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas, la suma de $ 1.046.520,88. Es decir, unos $4.077.599 en total.

Como en la actualidad es la intervención la que cobra un alquiler y la que se queda con la ganancia, el TOF 5 entendió que las cuotas de la moratoria fiscal a la que se acogió Máximo Kirchner deben pagarse con esos fondos y no con la dieta del diputado.