Los camaristas Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la sala II del tribunal de apelaciones, sostuvieron que cuando los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral no tuvieron acceso a la prueba que había en su contra, según indicaron fuentes judiciales.

Los jueces de la Cámara no se refirieron a los delitos imputados ni a los hechos investigados. Encontraron otro camino para anular los procesamientos.

Según las defensas «ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de esos elementos que se les enunciaron»en la indagatoria.

Ante los reclamos, el juez Canicoba Corral argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias e invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión- era dificultosa y llevaría tiempo.

Según la Cámara «esas condiciones de no acceso» para las partes se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas.

Recién luego de sus apelaciones fue habilitado en gran parte ese acceso a través de su carga por medios digitales.

Las indagatorias habían sido tomadas por medios digitales, debido a las normas de aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Los camaristas invocaron jurisprudencia de la dos Salas de la Cámara que, ante situaciones iguales, imponía la nulidad del procesamiento.

Sobre esa base concluyeron que «si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo», concluyó la Cámara.

En su momento, el juez Canicoba Corral dejó en claro que los contratos de concesiones de las autopistas fueron un negociado a favor de los empresarios, con un perjuicio multimillonario en dólares para el Estado.

Bruglia, uno de los jueces que firmó la resolución este jueves, es uno de los jueces cuyo traslado dispuesto en el macrismo es objetado por no haber tenido el acuerdo del Senado.

Fuente: Minuto Uno