No Banner to display

Los letrados le cobraron a un cliente con el pretexto de una supuesta remuneración al juez, al fiscal y a los camaristas y a funcionarios del Complejo Penitenciario Federal

El magistrado procesó a Francisco José Chirarelli y Marcelo Humberto Fernández por «defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos», al haber intentado cobrarle a uno de sus clientes 100.000 dólares y 18.500 euros con el pretexto de remunerar al juez federal, al fiscal federal, a los camaristas de la Sala I que intervenían en la causa y a los funcionarios del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad -lugar donde se encontraba detenido- para poder recuperar su libertad.

Asimismo, el magistrado ordenó trabar un embargo por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno.

La causa se inició el 19 de junio de 2009, a raíz de la denuncia hecha por un ciudadano español quien hizo saber que luego de designarlos como sus abogados defensores se comunicaron con su esposa y le manifestaron que en los tribunales argentinos «todo se arreglaba con dinero».

Con esta excusa le cobraron, en reiteradas oportunidades, distintas sumas de dinero para que recuperara su libertad en concepto de «gastos efectuados en atención a su detención».

Inclusive, al momento de llevarse a cabo una audiencia en la Sala I de la Cámara del Fuero, vinculada con la denegatoria de excarcelación, los imputados volvieron a exigir dinero.

A diferencia de las anteriores, en esta ocasión ambos reclamaron tanto a su mujer como a sus padres la suma de 100.000 dólares, bajo el pretexto de remunerar a los integrantes de la Sala y con la promesa de ejercer su influencia para que a cambio sus integrantes se valieran de su capacidad funcional para excarcelarlo.

Para ello, ambos procesados se valieron de «medios fraudulentos actuando sobre la voluntad del denunciante como la de su esposa, ocasionándoles un perjuicio patrimonial, abusando de su situación de vulnerabilidad -por cuanto aquel se encontraba detenido en un país distinto al de su residencia en el que estaba hacía poco tiempo»-, para lograr su plan, según el fallo.

«Existió  un único plan perpetrado por los dos imputados entre el 3 de octubre de 2008 y el mes de diciembre de ese año, respecto del cual ambos realizaron aportes ilícitos tendientes a dar con el fin ya acreditado», sostuvo el juez.

Fuente: minutouno.com