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El Gobierno de Tsipras presenta a sus socios del euro un plan para limar diferencias. Se acepta ya una extensión del rescate.

Acuerdo-puente, contrato, alivio financiero: esos son los eufemismos en boga en Bruselas en plena búsqueda de un acuerdo europeo para Grecia que ayude a digerir políticamente las concesiones que llegarán por ambos bandos, pero especialmente por el heleno. El Gobierno griego empezó este martes a ceder terreno con claridad en las negociaciones. A pesar de la retórica subida de tono de los últimos días, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, presentará este miércoles ante el Eurogrupo la propuesta de Syriza, que empieza a sonar aceptablemente bien entre los socios. Quedan innumerables flecos por pulir —algunos de gran calado— y el pacto no se espera hasta fin de mes, pero en los planes de Grecia ya no hay rastro de las quitas de deuda ni de la negativa a un tercer rescate asociado a nuevas condiciones, las dos líneas rojas que impedían cualquier atisbo de acuerdo. Las posiciones empiezan a acercarse: Grecia está dispuesta a aceptar una “extensión técnica” del rescate actual hasta agosto, para pactar así con todas las de la ley un nuevo programa, rescate o “contrato”, como empieza a llamarlo Berlín, con un horizonte olímpico, de cuatro años.

La puesta en escena europea exige ciertas dosis de teatrillo, una pizca de dramatismo que también conviene políticamente en Atenas. Pero las líneas maestras de la propuesta de Alexis Tsipras ya coinciden, a grandes rasgos, con las pretensiones de los socios europeos. Bruselas descarta un acuerdo “inminente”, según un portavoz, y las fuentes consultadas consideran que la retórica enérgica utilizada por Atenas “es una estrategia de negociación que no beneficia a nadie y que aleja a Grecia de sus objetivos”.

Pero el hecho es que el pacto está más cerca, porque Grecia se va arrimando a las exigencias europeas. Eso sí, nadie espera un acuerdo en el Eurogrupo de este miércoles. Frente a la contundencia habitual en las declaraciones del ministro alemán Wolfgang Schäuble, el español Luis de Guindos afirmó que asistirá a la cita con “mentalidad abierta” y consciente de que siempre hay “divergencias” entre el discurso hacia la propia opinión pública y lo que se dice “dentro”, en la sala de negociaciones. Y avanzó que nadie espera un pacto al menos hasta la semana próxima. La primera pelota de partido parece salvada, a juzgar por las características del plan griego:

» Programa-puente. Grecia, que se negaba a una prórroga del rescate actual, aceptaría incluso llamarlo una “extensión técnica” hasta agosto del programa que expira a fin de mes. El objetivo es cubrir sus vencimientos de deuda con el BCE (6.600 millones). Atenas propone activar el 70% de las reformas acordadas, y sustituir el 30% restante —las medidas que se consideran “tóxicas”— por un paquete de 10 reformas pactadas con la OCDE. A cambio no quiere el tramo final del rescate (7.200 millones) para no tener que cumplir todas las condiciones. Varoufakis reclama para Grecia los 1.900 millones procedentes de los beneficios obtenidos por los bancos centrales con la deuda griega (a pesar de que el programa supedita ese dinero a que se cumplan todas las condiciones). Y para ese periodo de transición quiere que se permita elevar un 50% el umbral de deuda que puede emitir Grecia. Bruselas avisa de que los socios “no aceptan paralizar las privatizaciones, y no ven realista hacer solo reformas estructurales y descuidar las medidas fiscales y las macroeconómicas”.

» Laxitud fiscal. El rescate actual preveía un superávit primario (antes del pago de intereses) del 3%, que Grecia quiere reducir al 1,5% para tener más margen.

» Negociación de la deuda. Atenas pretende renegociar hasta finales de agosto un alivio financiero de la deuda, con 240.000 millones en manos de la UE y del FMI. E insiste en acabar con la troika. Varoufakis propone un canje de los bonos actuales por deuda ligada al crecimiento o deuda perpetua. Los socios apenas ven margen para rebajar intereses y ampliar plazos.

» Medidas humanitarias. El Gobierno quiere gastar en torno a 1.900 millones en dar alimentos y electricidad a las familias más pobres, en ventajas para los parados de larga duración, volver a la sanidad universal y dar una paga extra a los pensionistas que ganen menos de 700 euros al mes.

Fuente: El País