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El magistrado ordenó el estudio sobre la productora «a+A Group» con el objetivo de reconstruir «el circuito de empresas que intervinieron en el desarrollo del proyecto», y determinar la ruta de los fondos que la actriz y su hermano Nicolás recibieron de parte del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.

A pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez Casanello solicitó determinar, en el plazo de 30 días, «si existen inconsistencias entre los fondos entregados por el Estado Nacional y los gastos realizados por la productora a+A Group».

El magistrado solicitó que se investigue «si existieron movimientos de fondos, entre cualquiera de los partícipes que de algún mondo intervengan en el ámbito del citado proyecto, que por cualquier causa no tengan su correlato fiel en documentación de respaldo contable y/o extracontable».

El juez advirtió que se «deberá discriminarse cada uno de los pagos, beneficiarios de los pagos, con indicación de su pertinente factura, fecha, orden de compra/pago a que se imputara y determinación de fecha, y medio de pago», realizado por la a+A Group desde julio del 2015.

La investigación se originó en una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa «a+A Group» a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

En la causa que ventila la adjudicación de fondos públicos para la realización de una telenovela que nunca se emitió están imputados ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Del Boca, la actriz que está al frente de la productora investigada.

Fuente: Télam.com.ar