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El 1° de diciembre de 2017 las empresas amanecían con la noticia de que una nueva regulación había sido publicada en el Boletín Oficial: el régimen de responsabilidad penal aplicable las personas jurídicas privadas. Sin perjuicio de que entró en vigencia a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 1° de marzo de 2018 -hace poco más de dos años- a la fecha no hay registro de sentencias penales que la invoquen.

Sin embargo, al momento de su sanción fue un hito en el país. Ya sea porque contrataban con el Estado, por exigencia de otras empresas nacionales e internacionales o quizá más bien por el auge del “caso de los cuadernos”, los empresarios debieron inmediatamente asesorarse respecto a la importancia de tener un Programa de Integridad que permitiera eximirse de responsabilidad en los términos del art. 9 de dicho cuerpo legal. De este modo, comenzaron a trabajar en conjunto con estudios de abogados para blindar a la empresa ante la comisión de los ilícitos que específicamente detalla la ley, que bien sabido es que son todos de sesgo económico, en tanto apuntan a prevenir genéricamente diversos fraudes y corrupción.

No obstante, en este ejercicio muchas veces pasó desapercibido el tema que nos convoca: la perspectiva de género en el ámbito privado. Nobleza obliga señalar que sí se incluyó en casi todos los códigos de ética a los que hemos tenido acceso alguna referencia genérica sobre el tema, pero en la mayoría de los casos no trascendió de ser una expresión de deseo que no se vio reflejada en prácticas concretas. El evidente cambio de paradigma social al que asistimos en los últimos años nos lleva a afirmar que la mera mención sobre “diversidad, género e inclusión” en un código de ética es insuficiente.