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De acuerdo al documento al que tuvo acceso Ámbito.com, además de la funcionaria y Peña, se «determinó la presunta responsabilidad penal de» Jorge Miguel Grecco, exsecretario de Comunicación Pública; Ezequiel Lucas Colombo Marrón, exsubsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; Lucía Aranda, exdirectora Nacional de Contenidos; Arnaldo Horacio Minotti, exdirector de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública; Fernando Ernesto Britos, exdirector de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública; y María Evelyn Tarsitano, excoordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros.
Por tal motivo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, solicitó que se lleve a cabo una investigación de las contrataciones que realizó la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, firmas que obtuvieron un beneficio total de $22 millones.
Esta acusación es por el delito de negociaciones incompatibles y defraudación contra administración pública, lo cual es previsto en el artículo 265 del Código Penal.
En el texto, se remarcó que «los hechos denunciados y que fueron materia de análisis en una investigación de la PIA, demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas mencionadas», para lo que se utilizó «la figura del “legítimo abono” en contrataciones de forma habitual».
Para poder lograr esta estrategia, Michetti habría firmado el decreto 978/2016, y, como consecuencia de la rúbrica, se «desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas».
Al mismo tiempo, la Justicia avanza sobre la presunta red de aprietes a jueces y fiscales, conocida como la Mesa Judicial M, que existió en el macrismo, según denunció la magistrada de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien este viernes afirmó que fue presionada por Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y entonces miembro del Consejo de la Magistratura por el gobierno de Macri.
Michetti fue imputada en marzo de este año por la fiscal federal Paloma Ochoa, quien pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción de la Cámara de Senadores.
En el dictamen entregado al juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía imputó además al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo.
La denuncia había sido presentada por la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, el 6 de marzo y refería a la “existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.
Fuente: Ámbito
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