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Una a favor. La otra, en contra. Así cerró el PAMI un intenso día de negociaciones con las cámaras que representan a los laboratorios. En medio de la puja, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) firmó un nuevo convenio para la compra de medicamentos con Caeme, que representa a las empresas multinacionales.

Pero aún persiste la discusión con la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) -laboratorios nacionales-, que rechazó el acuerdo con «precios máximos». Por ahora esta diferencia es insalvable y el convenio, que finaliza el 31, se encamina a concluir sin renovación. Según datos oficiales, el cambio representaría un 20% de ahorro por año para el PAMI, unos 6500 millones de pesos.

Como publicó ayer La Nación, los laboratorios nacionales, en su carta al director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, afirmaron que «la pretensión de incluir cláusulas con precios máximos se encuentra reñida con el régimen constitucional vigente en nuestro país y se vincula innecesariamente con experiencias negativas de nuestro pasado reciente». Y agregó: «Nuestra oferta de otorgar descuentos adicionales para compensar aumentos del precio de venta al público que superen el 70% de la inflación les otorga al Inssjp y a sus beneficiarios previsibilidad sobre la evolución futura de los precios y a la industria sobre el flujo de fondos».

Si bien desde el instituto manifestaron que ayer continuaron las reuniones con los representantes de Cilfa, desde esa cámara aseguraron que ese encuentro no existió y que no los convocaron para intentar acercar posiciones. Mientras tanto, el reloj corre y a fin de mes se vence el acuerdo.

Los negociadores del PAMI y del Gobierno lograron ayer dividir a las cámaras del sector. Así, cerraron un nuevo convenio para la compra de medicamentos con los laboratorios extranjeros. Como pretendían en la Casa Rosada, el nuevo acuerdo bajará un cinco por ciento el valor de los remedios; no habrá más acuerdos cartelizados, sino que serán tratos individuales con los laboratorios, y lo más importante: se fijará un techo de precio.

El problema surge con la imposición de los precios máximos por droga, ya que según el convenio que busca suscribir el gobierno nacional, su análisis y su definición serán potestad de PAMI. El temor de los laboratorios nacionales es que los «topes» establecidos por PAMI se extiendan a las otras obras sociales, desde la bonaerense IOMA hasta las prepagas. Además, con la modificación que alcanzó ayer, el instituto, principal comprador de remedios del país con un 40% del mercado, recuperó la capacidad de negociación y de control sobre parte del mercado.

«Hemos puesto el máximo esfuerzo del conjunto de los asociados para llegar a un resultado acorde con las necesidades de las prestaciones establecidas en los parámetros del acuerdo. Se lograron consensos relevantes que profundizan la cooperación, a favor de una mayor eficiencia y sostenibilidad integral de la actividad», afirmaron desde Caeme.

Dentro del Gobierno creen que el acuerdo con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a las compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas de innovación establecidas en el país, sube la presión sobre los laboratorios nacionales, que rechazan de plano los «precios máximos».

Los representantes de Cilfa ayer se mostraron «dispuestos a hacer un esfuerzo económico adicional a fin de contribuir a mejorar la situación financiera» del PAMI como así también «contribuir a disminuir el gasto en medicamentos de los afiliados». Pero descartaron la posibilidad de aceptar los precios ponderados tal como pretende el Gobierno. Y deslizaron que el nuevo convenio de los laboratorios extranjeros «pone en riesgo a la industria nacional». También sostuvieron que con el nuevo modelo que busca imponer el Gobierno «van hacia la concentración» que mejoraría la posición dominante que hoy tienen las cadenas de farmacias y ponen un manto de sospecha sobre el rol de uno de los hombres fuertes del Gabinete, Mario Quintana, ya que el funcionario conserva el 3% de las acciones de Farmacity, la cadena de farmacias que mantiene históricamente una tensa relación con los laboratorios.

El exdirector ejecutivo del PAMI durante el kirchnerismo Luciano Di Césare fue absuelto en un juicio oral y público en su contra por «administración fraudulenta» tras haber invertido unos 2800 millones de pesos de la obra social de los jubilados en Letras del Tesoro (Letes). El fiscal Diego Velasco descartó la existencia de delito en esa maniobra financiera, según informaron ayer fuentes judiciales. Di Césare era juzgado desde febrero pasado en una causa en la que quedó procesado por decisión del juez federal Claudio Bonadio. Para el fiscal, en el proceso no pudo demostrarse que la inversión de Letras del Tesoro ordenada por Di Césare en su gestión se haya traducido en un perjuicio para «los activos del PAMI».

Fuente: La Nación