Según el comunicado firmado por DIC, DOCA y APRI, entidades que reúnen a directores, documentalistas y productores del cine independiente argentino, Lijo ordenó y libró el 12 de junio un oficio al Incaa «requiriéndole que se sirva remitir los registros contables generados por el instituto (…) donde se encuentren plasmados los ingresos de la recaudación tributaria y los egresos por pago de subsidios a películas nacionales -establecidos en el marco del artículo 29 de la ley de Cine-«.
A su vez, en la causa contra el extitular del Incaa Ralph Haiek, el exfuncionario Juan García Aramburu y otras autoridades, el juez ordenó también citar como testigos a integrantes y asesores que estuvieron presentes en las reuniones del Consejo Asesor de aquella época.
El objeto de la investigación criminal se debe a la supuesta «(?) violación de la ley referida (ley de cine) en cuanto reglamenta que debe ser destinado un porcentaje estipulado en el 50% de la recaudación obtenida, a fin de que realice la producción de películas nacionales, y la denuncia en autos radica en que se habrían malversado dichos fondos, aplicando montos menores a los subsidios y desviado la diferencia a otros fines (…)».
«Las asociaciones que iniciamos esta acción judicial vemos este paso como un avance en torno a lograr el cumplimiento irrestricto y completo de la ley de cine, objetivo que debe guiar la acción de todo administrador al frente del Incaa», señalaron.
Los delitos que las entidades imputan a los exfuncionarios son «haber dejado de otorgar créditos de fomento», «malversación de fondos», «incumplimiento de la cuota de pantalla» y «falta de transparencia».
Las entidades señalaron que desde su asunción en 2017 luego del polémico desplazamiento de Alejandro Cacetta, Haiek dejó de otorgar créditos de fomento y que «no se otorgó ni un solo crédito de fomento en los últimos 24 meses, algo inédito en toda la historia del Incaa».
Asimismo, la denuncia por malversación de fondos se refiere al desvío de dinero destinado a subsidios a películas nacionales consagrados en el artículo 29 de la Ley de Cine, que fueron asignados a otros fines, en violación al marco legal vigente.
Además, las entidades acusan a Haiek y García Aramburu por incumplir con su obligación de inspeccionar, verificar, hacer cumplir y sancionar las violaciones en materia de cuota de pantalla, un mecanismo que garantiza un mínimo de distribución y exhibición de las películas nacionales en salas comerciales.
La cuarta denuncia es por «ocultar información y falta de transparencia en el manejo de fondos», incumpliendo la ley que obliga a someter el presupuesto del Incaa al Consejo Asesor – órgano de cogobierno con la función de aprobarlo o rechazarlo- que ordena el artículo 5 de la Ley de Cine.
«Hace tiempo que venimos peleando en contra de la política deliberada de restricción de fondos y partidas para la producción de cine independiente y documental que llevó adelante la gestión de Haiek al frente del Incaa y descubrimos que las acciones que ejecutaban también llevaban implícita una violación de la ley del cine que rige la actividad de nuestra industria y por eso decidimos realizar hoy estas presentaciones judiciales«, afirmó al momento de la denuncia Juan Mascaró, presidente de DOCA, a Télam.
Fuente: Ámbito
