La investigación, iniciada a partir de la demanda de un grupo de familiares de víctimas del Covid-19, trata de aclarar la cadena de decisiones que se adoptaron y que llevaron a no declarar como ‘zona roja’ Alzano y Nembro, dos localidades muy golpeadas por la enfermedad en el norte italiano.
Los fiscales ya hablaron con el gobernador de Lombardía -donde se encuentra Bérgamo-, Attilio Fontana, así como su asesor en esta crisis, Giulio Gallera, según Il Corriere della Sera.
Además de querer hablar con Conte y los dos ministros, con quienes analizarán las decisiones tomadas a finales de febrero y la adoptada el 7 de marzo de cerrar toda Lombardía ante la rápida propagación del coronavirus, quieren tomar declaración al director del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, y a Walter Ricciardi, asesor del Gobierno.
Durante sus declaraciones, Fontana y Gallera defendieron que la decisión fue del Gobierno central, algo en lo que coincidió la fiscal adjunta de Bérgamo, Maria Cristina Rota, quien dijo que instaurar una zona roja era competencia del ejecutivo de Conte.
Esta se trata de la primera acción legal en grupo presentada en Italia, con 34.000 muertos y entre los países más golpeados por el coronavirus.
«No queremos venganza, queremos justicia», aseguró Stefano Fusco, de 31 años, entre los fundadores del grupo en Facebook «Denunciaremos. Verdad y justicia para las víctimas del Covid-19», cuyo abuelo murió del virus en marzo un hogar para ancianos.
Acompañados por abogados y miembros del comité, los familiares presentaron 50 denuncias a la fiscalía de Bérgamo, la ciudad mártir de la pandemia, «porque se convirtió en el símbolo de esta tragedia, aunque provienen de todo el país», explicó.
La página Facebook, que en sólo dos meses cuenta con más de 50.000 adhesiones, se transformó en un comité nacional, con abogados que estudian presentar otras 150 querellas, explicó Fusco.
Los familiares acusan a las autoridades por haber tardado en declarar la ciudad «zona roja», algo que la asociación, así como algunos partidos y sindicatos, atribuyen a que se antepusieron los intereses económicos a los de la salud y a que se trata de una próspera zona industrial.
Cuestionan también la política de recortes aplicada por años al sistema de salud en Italia para favorecer una privatización que golpea a los más vulnerables.
Fuente: Ámbito
