La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) emitió un comunicado para señalar que «el Decreto 213 se fundamenta en la Ley de Inteligencia 25.520/01 y en sus modificaciones de 2015, en particular en el artículo 16 bis, inciso c), que clasifica toda la información obtenida por la Secretaría de Inteligencia dándole distintos grados de secreto».
La entidad destacó así que «el Art. 1° del Decreto» se establece “el carácter de PÚBLICO…a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado…incluyendo… la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”.
De esta manera, reclamaron: «O sea que solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia».
«Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible», denunció Apemia.
De acuerdo a los familiares de esta agrupación, esa documentación y materiales corresponden a «cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo».
En otra de las críticas, remarcaron al Artículo 5°, mediante el cual se ordena conforman una mesa de diálogo en la que «la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores “dialogarán” junto a la Fiscalía, las víctimas o querellantes», organismos que para Apemia «debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento»
«Nos proponen dialogar para sortear los problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información, según se afirma en el texto y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos», expresaron.
«Después de prometer un punto final para los “sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el gobierno se encamina a “dar vuelta la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional», manifestaron
A lo que agregaron: «Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa».
Y a modo de conclusión, enfatizaron: «El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de Una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA».
Fuente: Ámbito
Foto: HUGO VILLALOBOS / NA
