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La medida se resolvió debido a que «se alcanzaron altas coberturas de vacunación con una dosis” y que “la evolución de la pandemia mostró un descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones”, por lo cual “resulta necesario brindar pautas reglamentarias para éste nuevo período de presencialidad programada”.

La norma dictada apunta al «retorno a la actividad laboral presencial los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19”, autorizadas en la Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, luego de 14 días posteriores a la inoculación».

La norma establece que la modalidad de prestación de trabajo deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento.

Quedan exceptuados de la obligatoriedad del trabajo de forma presencial sólo los empleados con inmunodeficiencias, categoría que comprende a los pacientes oncológicos, con HIV, y trasplantados, y a las personas gestantes.

Con un esquema de presencialidad programada y alternada, los empleados de la administración pública nacional vuelven desde este miércoles a desarrollar sus tareas en forma presencial, medida que fue decidida ante el avance del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus y el descenso de la tasa de casos positivos de la enfermedad.

La vuelta a la presencialidad fue oficializada el 17 de agosto pasado por medio de la Resolución 91, de la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Castellani, y comprende a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional del país, quienes en marzo del año pasado, al dictarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio pasaron a trabajar en forma remota.

Fuente: Télam