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El juez que investigó las morgues de los hospitales porteños, dijo además que «será el gobierno porteño quien tenga que dar las explicaciones por lo que pasó”. 

Este viernes, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga, junto al titular del CELS, Horacio Verbitsky, confirmaron que hallaron el cuerpo del joven, que había estado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita desde febrero de 2009.

Arruga había sido atropellado por un auto sobre la avenida General Paz y estuvo horas internado en el hospital Santojanni hasta su muerte.

Las repercusiones no tardaron en llegar, y este sábado, la Fiscalía General de La Matanza, originalmente a cargo del caso, intentó despegarse de cualquier acusación, y aseguró que cuando le consultaron al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación por el cuerpo, este les informó que en la morgue de Capital no se había recibido ningún cadáver con las características de Arruga.

En un comunicado, la Fiscalía General de la localidad bonaerense afirmó que en la denuncia realizada por Mónica Alegre el 31 de enero de 2009, ella aportó las «características personales» de Arruga, así «como la vestimenta con la cual fue visto por última vez».

Luego del que el adolescente falleció en el Santojanni, el cadáver fue enviado a la morgue porteña para la autopsia de rigor y como nadie lo reclamó, pese a que la familia asegura que lo buscó en ese centro de salud, se enterró y allí estuvo estos cinco años y ocho meses.

Según la Fiscalía General de La Matanza, luego de la denuncia de Alegre se requirió «a la totalidad de los Departamentos Judiciales que posee la Provincia de Buenos Aires para que se informe sobre la iniciación de una investigación».

Como el departamento judicial La Matanza linda con la Ciudad de Buenos Aires, «en marzo de 2009 se libró oficio al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación», explicó la Fiscalía bonaerense.

«En abril de 2009, el médico forense interinamente a cargo de dicho cuerpo (contestó) que desde el 30 de enero de 2009 hasta esa fecha no se había recibido en la morgue judicial, para su autopsia, cadáver alguno con las características similares a las que se describen en el oficio remitido por la Fiscal interviniente», agrega el ministerio público de La Matanza.

Según el cuerpo bonaerense, por ese motivo «no se ahondó en esa línea investigativa, en el entendimiento de que es ese organismo el que recibe en el ámbito de la Capital Federal todos los cuerpos sin vida para realizar autopsias».

Finalmente, la Fiscalía General de La Matanza volvió a despegarse de posibles acusaciones, e informó que se libró «oficio al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, solicitando el pedido de búsqueda en el Registro Nacional de Personas Menores extraviadas, quedando cargado en esa base desde el 5 de marzo de 2009».

«Se perdieron cinco años y medio»

Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien dio lugar a un hábeas corpus presentado por la familia de Luciano Arruga, afirmó que el hallazgo del cuerpo del joven, enterrado como NN en el cementerio porteño de Chacarita, «deja una sensación agridulce» porque «se cumplió con la búsqueda, pero se perdieron cinco años y medio».

Borinsky señaló que en la demora de la investigación hay que advertir «la responsabilidad del Estado argentino» y remarcó que la sensación de la familia «era de injusticia de no poder determinar quiénes fueron los culpables y de incertidumbre».

El ex fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (U.F.I.T.Co) indicó que «la finalidad del hábeas corpus fue que se aporte toda la información posible de Luciano, pero fue denegado en las distintas instancias».

«Al hacer caso la Cámara de Casación al hábeas corpus ordena al Estado nacional para que arbitre todos los medios a su alcance para darle la información a la familia», explicó Borinsky en conversación con radio América.

La Cámara de Casación hizo lugar en julio a un hábeas corpus presentado por la familia de Arruga, que anteriormente había sido rechazado por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas y la Cámara Federal de San Martín.

El magistrado destacó que luego de la decisión de Casación, «en tres meses, se da con el cruce de información de las huellas digitales de una persona que tuvo un accidente de tránsito y fue llevado como NN con las de Luciano», puntualizó el juez.

«Lo de Arruga es más normal de lo que parece»

El juez Roberto Gallardo, quien investigó las morgues de los hospitales porteños, dijo que lo que pasó con Luciano Arruga «es más común de lo que parece». «Será el gobierno porteño quien tenga que dar las explicaciones por lo que pasó. Yo vengo investigando este tema y allanando morgues, pero desde hace más de un año y medio el expediente está frenado porque estoy recusado por el gobierno de la Ciudad», contó Gallardo.

El juez allanó 22 morgues desde 2013 y logró detectar una serie de irregularidades y deficiencias en las instituciones que tienen alojados cadáveres. Gallardo explicó que casos como el de Arrua «pasan» y «no hay muchas ganas de explicar o no sé quieren dar las explicaciones correspondientes».

«Hace más de un año que no puedo avanzar en la causa y que no puedo tener acceso al expediente», sentenció el juez que está a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, e investiga desde 2013 las morgues de los hospitales porteños.

La causa por la que el juez logró detectar registros incongruentes en las morgues, y en donde había cadáveres que se encontraban en mal estado, o cuerpos que faltaban, se inició cuando el gobierno de la Ciudad le pidió la autorización para inhumar 23 cuerpos que no eran reclamados.

Se detectó desde el juzgado que la documentación con la que contaban las instituciones tenía deficiencias, por lo que se dispuso el allanamiento en las morgues de 22 hospitales públicos. Los procedimientos comprobaron múltiples deficiencias e irregularidades, por lo que el magistrado impidió la inhumación solicitada por los cuerpos no reclamados y siguió con la investigación.

La investigación fue recusada por el gobierno porteño y los abogados de la Procuración General que lo acusaron de excederse en sus facultades y le atribuyeron «prejuzgamiento» y «enemistad manifiesta». Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ratificó al juez en la causa y rechazó los argumentos planteados. La causa volvió a manos del juez, pero sólo la tuvo 10 días porque el Gobierno de la Ciudad lo volvió a recusar. Ahora, el expediente pasó a manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, y de momento no se tienen novedades de la causa.

Fuente: Infobae