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La muerte y su entierro como NN alimentan la sospecha de que lo hicieron atropellar para ocultar las lesiones.

La cara de Luciando Arruga se hizo famosa a fuerza de voluntades. Su familia, sus amigos, los militantes que aprendieron a militar de la mano de la lucha por su aparición, lograron que su nombre, su rostro y su causa no pasaran -pese a la desidia institucional, judicial, política y la indiferencia mediática- desapercibidas.

Y sin embargo, la Policía Bonaerense -que lo detuvo y torturó en reiteradas ocasiones- logró, parcialmente, su cometido: a casi 6 años de su muerte y desaparición, el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, ordenó exhumar el cuerpo y cotejar su ADN con el de Arruga, pero sabe que difícilmente pueda realizar una autopsia.

Hay diferentes hipótesis y no cabe la especulación, pero si a Arruga lo mataron previamente y lo arrojaron para cubrir los golpes con otros más fuertes, como explican fuentes judiciales que pasa en casos similares -o lo soltaron semi conciente o, directamente, si fraguaron su muerte- será difícil de determinar porque el paso del tiempo es aliado de la impunidad.

El juez indagará al joven de 21 años -entonces 21 años- que atropelló al joven de 17 -entonces 17 años- y que, según figura en la causa de aquél NN que estuviera en el Hospital Santojanni, aseguró que Arruga estaba vivo y dudando si cruzar o no la General Paz a esa altura inviable. Cabe ahí también la sospecha: el chico que lo atropelló fue absuelto por pedido de la fiscal y queda la duda sobre si declaró libremente o forzado.

¿Puede la Policía Bonaerense torturar, matar, disimular, ocultar, esconder, convencer a un joven para que declare -probablemente asustado porque acaba de atropellar a otro- y forzar su entierro como NN? Probablemente sí, no sería la primera vez que sucede -hay casos actuales en otras provincias, como el del trabajador salteño en Río Negro, Daniel Solano-, pero no sin connivencia institucional: judicial y política.

La improbable autopsia difícilmente pueda resolver el origen de las lesiones, pero la Justicia deberá avanzar en las hipótesis y explicar -juzgar, condenar- cómo la fuerza de seguridad -¿de protección?- detiene, fuerza a jóvenes humildes a robar «para la corona», los hostiga, tortura, violenta y, llegado el caso, provoca -directa o indirectamente- su muerte.

El Estado, que les falló en todas sus instancias, se lo debe a Luciano Arruga y a su familia, que golpearon puertas, escritorios y fueron -según sus palabras- ninguneados por funcionarios provinciales, nacionales y judiciales.

Fuente: minutouno.com