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Aprobó la resolución por la que exige a los países del mundo que adapten sus legislaciones para procesar a extremistas

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución que exige a los países de todo el mundo que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas.

El texto, de carácter vinculante, fue impulsado por Estados Unidos y aprobado por unanimidad en una reunión extraordinaria presidida por el presidente Barack Obama .

El mandatario urgió hoy a los países de todo el mundo a «traducir en acción» la resolución recién adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los combatientes extranjeros en grupos terroristas y aseguró que nunca ha habido un reto que requiera tanta cooperación.

«Estas palabras deben traducirse en acciones no solo en los próximos días, sino años. Si ha habido un reto que no pueda enfrentar un país por sí solo es este, el de terroristas cruzando fronteras y amenazando con desplegar actos de violencia inefables», dijo Obama en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución, con el número 2178, busca reforzar la lucha contra los llamados combatientes extranjeros, en respuesta a los miles de ciudadanos de distintos países que han viajado a Irak y Siria para unirse a grupos como el Estado Islámico (EI).

Con ese fin, el Consejo de Seguridad decidió hoy que todos los países deben asegurar que sus leyes criminalicen y castiguen con seriedad a todos sus ciudadanos que «viajen o traten de viajar a un Estado» con el «objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas, o para proveer o recibir entrenamiento terrorista».

Ese enfoque ha sido puesto en marcha ya por varios países europeos, entre otros, en respuesta al alto número de ciudadanos que se han sumado en los últimos años al yihadismo. Según Estados Unidos, más de 15.000 ciudadanos de más de 80 países han viajado en los últimos años a Siria.

NUEVAS OBLIGACIONES

La resolución del Consejo de Seguridad impone a todos los Estados nuevas obligaciones a la hora de impedir el movimiento de terroristas y potenciales terroristas y para perseguir y castigar a quienes faciliten financiación de los programas de reclutamiento de esas organizaciones.

También exige a las autoridades más cooperación para combatir ese fenómeno y que refuercen los controles en sus fronteras.

OBAMA GARANTIZA EL APOYO A IRAQ

Obama garantizó hoy al primer ministro iraquí, Haider al Abadi, el apoyo de su país en la lucha por recuperar el territorio tomado por los milicianos del Estado Islámico (EI).

«Nos comprometemos a trabajar para ayudar a Irak a recuperar el territorio del que se apoderó Estado Islámico y a garantizar que un gobierno inclusivo iraquí pueda controlar su territorio y hacer retrocederlo», le manifestó Obama al jefe de gobierno iraquí en un encuentro bilateral que ambos mantuvieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Al Abadi le dijo al presidente estadounidense que es importante que las fuerzas iraquíes reciban rápidamente armas y equipamiento, que perdieron en los combates contra el EI.

SATISFACCIÓN POR LA APROBACIÓN

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su satisfacción por la aprobación de la resolución y por la unidad mostrada por el Consejo de Seguridad, al tiempo que recordó que todas las medidas que se implementen deben respetar los principios de Naciones Unidas. En ese sentido, Human Rights Watch advirtió hoy de que el texto corre el riesgo de «repetir muchos de los errores de la era posterior al 11S».

«La resolución no dice nada sobre la protección del juicio justo, pero pide a los Estados que capturen gente en las fronteras. Y anima a los países a perseguir el terrorismo mientras permite definiciones amplias del término, lo que no hace nada para evitar que los Gobiernos lleven a cabo políticas antiterroristas abusivas», señaló en un comunicado Andrea Prasow en nombre de la organización.

Numerosos expertos han advertido, además, de las dificultades que entrañará la implementación de la resolución en cada país.

Fuente: La Nación