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El cambio legislativo que hoy martes empieza a debatir la Asamblea Nacional sobre el derecho a morir dignamente provoca una profunda polémica en la sociedad francesa

El avance propuesto por el Gobierno de François Hollande no legaliza la eutanasia activa, pero garantiza el derecho de los pacientes en fase terminal o con enfermedad grave e incurable a una sedación profunda y prolongada hasta la muerte, retirando al tiempo todo tipo de tratamiento tendente a prolongarle la vida de manera artificial. La opinión del enfermo (y por tanto también su deseo expresado en el testamento vital) estará por encima del criterio médico si la propuesta, que se vota la próxima semana, sale adelante.

El avance es tímido, critican unos. 120 diputados socialistas, de la UDI (Unión de Demócratas e Independientes), comunistas y verdes han presentado una enmienda para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. También los ecologistas y los radicales de izquierda han presentado una propuesta similar.

Las iniciativas de la izquierda son una piedra en el zapato del presidente de la República, François Hollande, que para evitar desencuentros encargó el texto legislativo que hoy se empieza a debatir a un socialista (Alain Claeys) y a un miembro de la oposición de la derechista UMP (Jean Leonetti). Hollande prometió durante su campaña electoral, en 2012, desarrollar los cuidados paliativos, pero nunca utilizó la palabra eutanasia. Tampoco lo hizo en diciembre pasado, cuando presentó formalmente este proyecto.

A pesar de ello, las posiciones en contra son también de grandes dimensiones. Una veintena de diputados de la UMP ha presentado mil enmiendas para torpedear el proyecto y cinco líderes religiosos, representantes de los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los judíos y los musulmanes, han publicado en Le Monde un artículo muy crítico. Este proyecto “supone”, dicen,“una nueva tentación de dar muerte, sin admitirlo, abusando de la sedación”. Recuerdan, además, que el derecho francés excluye el encarnizamiento terapéutico y condena la eutanasia.

El texto que va a analizar la Asamblea Nacional (cámara baja) no legaliza la eutanasia activa (que incluye acelerar la muerte con fármacos), pero se parece mucho a la eutanasia pasiva. “Todas las personas tienen derecho a un final de su vida digno y tranquilo. Los profesionales sanitarios pondrán todos los medios a su disposición para satisfacer tal derecho”, dice el texto. “Todos tienen derecho a recibir tratamientos y cuidados que alivien su sufrimiento”. Este principio tan general se concreta más adelante con el derecho del paciente de acceder a la sedación y la analgesia hasta la muerte, “aunque ello adelante la muerte”, y se debe interrumpir al tiempo todo tratamiento que prolongue artificialmente su vida. La propuesta de ley considera que “la alimentación y la hidratación artificiales” son parte de tales tratamientos. Obviamente, todo ello en el caso de pacientes en estado terminal o con enfermedades graves e incurables que comprometen su vida a corto plazo. La ley en vigor se limita a prohibir el ensañamiento terapéutico.

La otra gran apuesta es la de hacer valer la opinión del paciente por encima de la del médico. “El profesional sanitario tiene la obligación de respetar la voluntad de la persona tras haberle informado de las consecuencias y la gravedad de su elección”. Prevalecerá también, por tanto, el deseo contemplado en el testamento vital del paciente cuando este ya no pueda expresarse por sí mismo. Son aspiraciones que, dice el texto, “se imponen al médico”. En caso de que el profesional se niegue a cumplirlas, tendrá que justificar su negativa y consultar con un colega.

La división de opiniones tendrá hoy su reflejo en la calle. La Asociación por una muerte digna, ADMD, ha convocado una concentración frente a las puertas de la Asamblea Nacional para esta tarde, coincidiendo con la apertura del debate. Muy cerca, en los Inválidos, el movimiento Aliviar sin matar prevé otra manifestación contraria porque considera la propuesta “peligrosa y ambigua”.

Fuente: El País