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Cerca de 140 reos de un penal mexicano de máxima seguridad enviaron una carta a un organismo de derechos humanos para denunciar las condiciones «inhumanas» en las que están recluidos.

En una misiva de 11 páginas escrita a mano y firmada de puño y letra por conocidos narcotraficantes, secuestradores, homicidas y pedófilos de la cárcel federal de El Altiplano, los presos solicitan al organismo estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que revise sus condiciones.

Algunas de las penurias denunciadas en el texto son un «sinnúmero de irregularidades» en las visitas familiares y conyugales, alimentos «agusanados», con piedras o caducados, falta de atención médica, hacinamiento en las celdas, falta de comunicación o sólo una hora al día al aire libre.

Además de «el Chapo», considerado antes de su detención en febrero de 2014 el capo más poderoso del mundo al frente del cartel de Sinaloa, firman la carta Edgar Valdez, alias «la Barbie», uno de los ex líderes de ese cartel; el último dirigente de la dinastía delictiva Beltrán Leyva, Héctor Beltrán Leyva alias «el H», y Miguel Ángel Guzmán, hermano de «el Chapo».

Israel Vallarta, ex novio de la francesa Florence Cassez, también se sumó a la carta, así como Daniel Venegas Martínez y Aurelio Arizmendi, miembros de una banda de secuestradores que acostumbraba a cortar las orejas de sus víctimas para enviarlas a sus familiares, y José Luis Canchola, secuestrador del entrenador argentino Rubén Omar Romano.

«El internamiento se da en condiciones inhumanas donde priva el acinamiento (sic)», se lee en una carta en la que aparecen varias faltas de ortografía.

Los presos también se quejan de que las salas de visita son «insalubres», con mobiliario y ventanas rotas, y de que las habitaciones para la visita conyugal están en pésimas condiciones y tienen «colchones con alambres salidos, y no se diga lo sucios por el uso y mal aseados».

Aseguran los delincuentes mexicanos que, además, deben convivir «con el olor de los sanitarios (?) fugas de agua, el constante taponamiento y el óxido que brota por todos lados, producto de los muchos años de servicio y los pocos de reparación».

En julio pasado, cerca de 100 presos de la prisión de El Altiplano -ubicada a 85 km de la capital mexicana- ya realizaron una huelga de hambre para reivindicar sus derechos.

Un funcionario de la oficina de prensa de la CNDH confirmó que el organismo recibió la carta el 25 de febrero pasado y dijo que «estudiará, revisará y valorará la información y en su momento» dará una respuesta.

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad, instancia que tiene a su cargo los centros penitenciarios del país, rechazó pronunciarse sobre la carta por no haber recibido notificación oficial de la CNDH, indicó un vocero de esta comisión.

«Se piensa que al ser la escoria no merecen el mínimo respeto», pero sus condiciones «deben ser acordes a la dignidad humana», dijo Sandra Salcedo, abogada investigadora del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana. La experta consideró que, independientemente de la investigación que tendría que hacer la CNDH, «son preocupantes las malas condiciones en las que están los reclusos en la mayoría de las cárceles del país».

El «hartazgo» de los reos por la falta de condiciones dignas termina muchas veces en motines. «Ojalá se organizaran más para evitar la violencia y que los presos sufran represalias por denunciar», añadió.

Entre los últimos personajes del hampa ingresados en El Altiplano está el líder del cartel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, alias «la Tuta», detenido el viernes, y José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, acusado de ordenar el ataque contra los 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados de Ayotzinapa.

El penal de muros de un metro de espesor y severas medidas de vigilancia fue el primero de máxima seguridad en México, inaugurado a inicios de los años 90 para evitar la fuga de reos de la talla del histórico capo Rafael Caro Quintero, uno de sus primeros huéspedes.

Fuente: La Nación