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La organización reclama que la ONU fije ya sanciones y la Corte Penal amplíe la investigación de crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ha publicado este miércoles un nuevo y dramático informe sobre la situación de la violencia y los abusos de los derechos humanos en Libia, que siguen empeorando en el país y que durante 2014 ha provocado el desplazamiento desde sus ciudades o pueblos de más de 90.000 personas y la desaparición de al menos 260. Como conclusión del documento la organización no gubernamental demanda «con urgencia» al Consejo de Seguridad de la ONU «que imponga sanciones específicas como la prohibición de viajar y la congelación de activos» a quienes hayan cometido esa violaciones y a la Corte Penal Internacional que amplíe sus investigaciones para incluir los crímenes de guerra cometidos desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en 2011 y hasta ahora.

El trabajo de Amnistía, que recoge también datos de organizaciones locales como la Sociedad Libia de la Media Luna Roja, se ha dado a conocer este miércoles justo después del despavorido ataque que una rama local del Estado Islámico perpetró este martes contra el hotel Corinthia de Trípoli, en el que se alojan normalmente desde el primer ministro del Gobierno local no reconocido internacionalmente hasta diplomáticos y hombres de negocio. Murieron 12 personas (incluidos los tres terroristas) y se registró al día siguiente de que varios dirigentes de partidos y entidades sociales hubieran retomado en la sede de la ONU en Ginebra las conversaciones para lograr un alto el fuego y un futuro Ejecutivo de unidad. Algunos de sus participantes han filtrado que ese objetivo podría ser posible en dos semanas.

Amnistía retrata en su trabajo un escenario más que terrorífico en Libia, y en concreto en torno a la ciudad de Bengasi, la segunda urbe del país y la teórica capital económica. Es sobre todo en Bengasi donde se está librando la batalla interna más sangrienta entre las milicias locales armadas en torno al llamado Consejo Consultivo de Revolucionarios, de tendencia islamista, y las fuerzas militares leales al general Halifa Hifter, que apoya y es respaldado por el Gobierno oficial y reconocido con base en Tobruk, a 1.400 kilómetros de Trípoli. Los combates en Bengasi son diarios desde hace meses, en concreto desde mayo de 2014, aunque se recrudecieron este otoño, y Amnistía Internacional subraya que allí «los abusos son espeluznantes».

«La escalada de los ataques de represalia entre fuerzas rivales en Bengasi han sumido a la ciudad en una espiral descendente hacia el caos y el desgobierno. La violencia desenfrenada entre los grupos rivales y sus simpatizantes clamando venganza ha desgarrado la ciudad», afirma Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del programa de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África.

El panorama que describe Amnistía refleja que las fuerzas de ambos bandos «han secuestrado y ejecutado sumariamente a decenas de personas, con la aparición posterior en redes sociales de fotografías y vídeos de sus cadáveres abandonados, a menudo con señales de tortura». También añaden que se han registrado casos de asesinatos de activistas, dirigentes religiosos y periodistas en ataques de motivación política y sobre los cuales sigue sin conocerse muchos meses después ningún tipo de identidad o culpabilidad sobre sus responsables.

El informe apunta como culpables de esta batalla sangrienta tanto a las milicias islamistas de Ansar al Sharia vinculadas al denomimado Consejo Consultivo de Revolucionarios de Bengasi como a las fuerzas militares de la llamada Operación Dignidad del general Hifter, que mantienen desde octubre una lucha cruenta para controlar la ciudad, su aeropuerto y puerto comercial y que han destrozado barrios enteros como Al Sabri.

Las consecuencias humanitarias de esa lucha son cifradas por Amnistía Internacional en 90.000 personas forzadas a desplazarse por los combates y una población civil que permanece y que tiene que librar una pugna diaria ante la carencia de suministro de agua, los cortes de luz, la escasez de combustible y de gas para la cocina, las subidas en los precios de los alimentos y los problemas para encontrar personal médico capacitado y los medicamentos. Varios hospitales han sido cerrados y evacuados tras ser bombardeados y la mayoría de las escuelas permanecen clausuradas.

En ese contexto, el respeto a los mínimos derechos fundamentales es una quimera. Amnistía asegura que más de 260 personas, entre civiles y combatientes, han desaparecido entre el mes de junio y el mes de noviembre de 2014, según datos recabados por la Media Luna Roja local. Muchos de esos secuestros han sido obra de grupos vinculados a Ansar al Sharía. En la mayoría, la víctima fue secuestrada en plena calle o en su casa por hombres con la cara cubierta. También se ha secuestrado a personal de centros de salud para obligarles a que traten a miembros heridos de esas milicias en sus hospitales de campaña.

Amnistía también denuncia que los militares de la Operación Dignidad, por su cuenta, han capturado, torturado y ejecutado sumariamente a combatientes y civiles del otro bando bajo la acusación de pertenecer o ayudar a los grupos armados islamistas. Algunas familias han revelado luego que no supieron nada de la situación de sus víctimas hasta que reconocieron los cadáveres posteriormente cuando se los mostraron en fotografías y en las redes sociales, como Facebook.

En la localidad de Al Marj, a unos 90 kilómetros al este de Bengasi, se subieron a las redes sociales al menos 17 fotografías de cuerpos sin identificar abandonados. Amnistía afirma que encontró indicios de que al menos cuatro de esos hombres habían sido ejecutados sumariamente tras ser detenidos por militares de la fuerza Operación Dignidad.

Fuente: El País