No Banner to display

Proceso ante la Corte de Nueva York.Es una acción colectiva que lanzaron inversores con el argumento de que la petrolera violó las leyes nortamericanas.

Los inversores estadounidenses entraron ayer en escena en el caso de la empresa Petrobras. Iniciaron un “juicio colectivo” contra la petrolera brasileña ante la Corte Federal de Nueva York.

El estudio de abogados norteamericano que los representa, Wolf Popper, demandó a la compañía un “justo resarcimiento” por la “pérdida” de valor de las acciones que provocó el escándalo de corrupción que conmueve a la empresa estatal. Según los letrados estadounidenses, la compañía sudamericana “violó” la legislación de la Securities and Exchange Commission (SEC) que regula el mercado de capitales en ese país.

Los abogados norteamericanos indicaron que nuevos inversores podrán sumarse al reclamo judicial. Son aquellos que adquirieron ADRs (American Depositary Receipts) entre mayo de 2010 y noviembre de este año. En declaraciones al diario económico de San Pablo Valor, uno de los miembros de la Wolf Popper, Robert Finkel, sostuvo que todavía no calcularon la dimensión indemnizatoria; pero estimó con todo que “debe ser de varios centenares de millones de dólares”.

Esta es una nueva derivación de la «Operación Lava Jato», iniciada por el ministerio público federal y la policía brasileña para quitar el velo que cubría una organización delictiva enquistada en el interior de la empresa petrolera.

Como consecuencia de los sucesivos descubrimientos sobre el modus operandi de esa organización criminal, la estatal tuvo que suspender la presentación del último balance semestral. Según los expertos, estará obligada ahora a realizar ajustes por cuenta de la sobrefacturación de compañías adquiridas en el exterior y de obras realizadas por terceros para la firma petrolera sudamericana.

Según Petrobras, todavía no le llegó “la intimación judicial” estadounidense. Para la SEC, el caso muestra la existencia de fraude por inducir a los inversores a negociar valores en base a “informaciones erradas”. Según Valor, el precio de la compañía asciende a casi 60.000 millones de dólares y del capital total un 22% está en manos de capitales extranjeros que se hicieron de ADRs.

Ayer nuevos datos sobre el caso conmocionaron el ambiente empresarial y político brasileño. En la llamada “Operación Juicio Final” –sin duda un título apocalíptico–,  la justicia procesó a las cúpulas de los grupos empresariales que participaban del llamado “club de las constructoras”. Entre ellos, se le iniciaron causas al presidente, vice y varios miembros del directorio de la OAS; así como también a ejecutivos de los holdings brasileños Queiroz Galvao y Mendes Junior. Todos ellos están en el tope del ranking de la grandes firmas del país.

De acuerdo con los fiscales que intervienen en la investigación, el esquema delictivo abarcaba una “multiplicidad de personajes: desde meros correos hasta los grandes pagadores cuyo objetivo era obtener facilidades con los contratos”. Para que todo funcionara fluidamente “fueron abiertas cuentas bancarias a nombre de terceras personas, lo que enmascaraba el flujo de dinero. Al mismo tiempo se celebraban contratos falsos para justificar la salida de recursos en la contabilidad de las empresas corruptoras. En este marco se echó mano a cambistas que aseguraban la llegada de los fondos a los corruptos”.

Ayer se sumaron nuevos elementos al escándalo, que proyecta sus sombras sobre multinacionales extranjeras. Según la contraloría general de Brasil, hubo contratos firmados por Petrobras con la holandesa SBM Offshore, constructora de plataformas marinas de exploración de crudo, a cambio de coimas. Todo indica que esa compañía no es la única, ya que el lobista comprometido con la holandesa también habría extendido sus servicios a otras firmas mundiales del sector. Se menciona, por ejemplo, a la británica Rolls Royce, que en 2011 firmó un contrato con la estatal brasileña por 650 millones de dólares a cambio de proveer de turbogeneradores destinados a las embarcaciones que se emplean para el transporte del crudo entre la plataforma y los buques petroleros. Estarían en la misma situacion una empresa australiana, Benthic, de serivios de geotecnia; la compañía Welspun, de la India, y la Vertech de Noruega.

Las investigaciones emprendidas por autoridades de Suiza sobre el caso de la compañía holandesa SBM confirmarían pagos “indebidos” a “funcionarios de la estatal en el exterior”.

Fuente: Clarin.com