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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió ante la Justicia la constitucionalidad del protocolo antipiquetes y sostuvo que esa normativa se dictó “por la urgencia de la situación” y “la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”. Ese escenario, dijo, “ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”

Según el escrito al que accedió Infobae, la cartera de seguridad sostuvo que “el ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos” y afirmó que “ los derechos de libertad de expresión, de asociación, de participación política plena y de protesta, invocados por la reclamante como vulnerados por la resolución, no son absolutos, por lo que son susceptibles de ser limitados y generar responsabilidad civil y penal en aquellas personas que lo ejerzan de forma violenta, vulnerando los derechos o afectando los bienes de terceras personas, conforme se ha consagrado nacional e internacionalmente”.

Además, se advirtió: “la resolución cuestionada no restringe la protesta, ya que la intervención de los organismos del Estado se da en el marco de la proporcionalidad, y teniendo en cuenta el contexto social y económico de la Argentina”

“Adicionalmente, no puede soslayarse que si hipotéticamente V.S. hiciera lugar a la acción planteada, se estaría entrometiendo en las competencias constitucionales e institucionales propias del Poder Ejecutivo. En este orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal ha dicho en jurisprudencia inveterada que la misión más delicada del Poder Judicial es saber mantenerse dentro de sus propias atribuciones, evitando a través de la función jurisdiccional invadir la esfera de los otros poderes del Estado”, afirmó el Ministerio.

La denuncia la impulsó María Celeste Fierro, la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad, en busca de que se suspenda este mecanismo por entender que se están vulnerando derechos y garantías en la movilización.

Fuente: Infobae