No Banner to display

El triunvirato que conformaron en 2015 la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie es un instrumento de presión callejera y de gestión de proyectos que creció como un paraguas protector ante la crisis en la era Cambiemos. La unidad entre sectores antikirchneristas (Barrios y CCC) con una agrupación del armado kirchnerista como el Movimiento Evita fue favorecida por obispos cercanos a Francisco y se consolidó luego como la interlocutora privilegiada en temas sociales de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. También logró sumar aliados tácticos piqueteros, como el Frente Popular Dario Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha, y otros sindicales, tal el caso del sector que lidera Juan Carlos Schmid y ATE Nacional.

El vínculo entre «Los Cayetanos» y el Gobierno amarillo fue moderado por la intervención de la Iglesia, que ofició de facilitadora del diálogo a través de figuras como el obispo Fernando Maletti. El espíritu que infundieron los represtentantes pastorales del papa Francisco a los “cayetanos” puede ser resumida en una consigna que llevó a los líderes piqueteros el obispo Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social: “Firmeza y mansedumbre”. Firmeza en los reclamos, mansedumbre en las protestas. Algo que explica por qué nunca terminan con incidentes como ocurre cuando marchan otros sectores más duros, como el Polo Obrero.

Marchas, negociaciones y proyectos comunes marcaron una relación tirante en un período en el que la importancia de las tres organizaciones creció gracias a numerosas concesiones. La mas importante de ellas fue la Ley de Emergencia Social, que formalizó el rol de la “economía popular” e inyectó fondos. Hasta Cristina Kirchner reconoció en la presentación de su libro el crecimiento de la red de contención estatal que nutre las bases de estas organizaciones.

Por lo pronto, la primer demanda será extender la Emergencia Social, que vence a fin de año. También se reclamará que los representantes de la “economía popular” sean plenamente integradas en la discusión sobre el salario mínimo. A su vez, todos los dirigentes confirman que depusieron cualquier intención de gestión directa de la política social.

Fuente: Perfil