La Defensoría recibió a 60 representantes de clubes de barrio por la tarifa social

MÁS DE 60 REPRESENTANTES DE CLUBES BARRIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE REUNIERON CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO PORTEÑO, ALEJANDRO AMOR, QUIEN REAFIRMÓ LA NECESIDAD DE UNA TARIFA SOCIAL PARA ESAS INSTITUCIONES EN EL CORTO PLAZO.



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Más de 60 representantes de clubes barriales de la ciudad de Buenos Aires se reunieron esta tarde con el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien reafirmó la necesidad de una tarifa social para esas instituciones en el corto plazo y aseguró que desde el organismo a su cargo se asesorará a quienes lo necesiten para que puedan obtener el beneficio.

«Los clubes sociales y barriales que hoy están aquí deben ser alcanzados por la tarifa social inclusive retroactivamente, y no tenemos dudas de eso. Hay una ley vigente desde el 22 de diciembre pasado (la 27.098 de «Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo») que alcanza a los clubes para que se incorporen a esa tarifa», explicó a Télam Amor.

El funcionario precisó que aunque la norma no esté reglamentada todavía «hay ciertas leyes que no requieren reglamentación directa».

«Queremos ayudar a los clubes a aplicar a estas tarifas lo más rápido posible, porque sabemos que están llegando facturas elevadísimas y se les hace imposible enfrentar esos costos con las cuotas sociales que cobran a los asociados», señaló.

Amor comentó además que hace pocos días mantuvo una reunión con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y Energía, Juan José Aranguren, y afirmó que si no hay respuestas favorables a sus pedidos, irán «con un amparo a la Justicia».

La otra legislación que puede resguardar a esas asociaciones y tampoco está reglamentada es la Ley 27.218 denominada «Régimen tarifario específico para entidades de bien público», que busca generar una tarifa especial para aquellas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común.

«Los clubes de barrio aplican a estas características, por lo que vamos a escucharlos, apoyarlos y asesorar a los que lo necesiten para que puedan aplicar a la tarifa, ya que esto es una cuestión de sentido común y el Estado no puede abandonarlos a su propia suerte cuando su rol es protegerlos», completó Amor.

Asuka Hatano es miembro de la comisión directiva del Bochin Club Liniers y manifestó su preocupación ante los aumentos «desmesurados».

«Estábamos pagando un poco más de 2.000 pesos de agua y ahora nos llegó una factura por 8.000, y todavía no nos llegó la luz con aumento pero sabemos que el impacto va a ser enorme porque tenemos una cancha de fútbol 5 y no podemos trasladar esos aumentos a los asociados», contó a Télam.

La referente explicó que se trata de un club de barrio al que asisten unas 150 personas a hacer deportes y que muchas veces los integrantes deben poner plata de sus bolsillos para que la institución funcione.

«Se nos hace imposible afrontar los gastos y estamos muy preocupados por los embargos que derivan de las deudas, ahora apareció esta propuesta de la tarifa social pero ya tenemos deudas por facturas anteriores», enfatizó.

Sergio Tur es presidente del Club Social y deportivo Glorias de Mataderos, al que asisten más de 1.500 socios a practicar deportes como voley y fútbol o a tomar clases de tango y teatro.

«Pagábamos 800 pesos bimestrales de luz y ahora nos vienen más de 4.000 mensuales, por lo que no tenemos posibilidad de enfrentar los costos. Nos están prometiendo esta tarifa social, pero si no se implementa en el corto plazo no nos vamos a poder sostener y vamos a tener que cerrar, sobre todo porque nuestras actividades principales se dan después de las 18 y consumen energía eléctrica», detalló en diálogo con esta agencia.

Uno a uno los representantes de los clubes fueron planteando la situación que atraviesan, y uno de los últimos oradores fue Claudio Rial, presidente de la Unión Nacional de Clubes, que representa a 1.600 entidades de todo el país.

«Este no es un problema partidario, es un problema de todos porque sin clubes no hay deportistas ni inclusión social. Estamos desesperados porque minimizan nuestras funciones, no nos dan importancia y no sabemos cómo seguir», comentó preocupado.

Ante el planteo general sobre la necesidad de que las medidas se apliquen «lo antes posible», el director de Consumidores de la Defensoría, Diego Mielniki, enfatizó que se planteará ante las autoridades que las tarifas se apliquen retroactivamente y aseguró que «en el mientras tanto no debería haber cortes en ningún caso».

«Podemos pedir prórroga de vencimientos, suspensión de cortes y planes de pagos si aparecen facturas muy abultadas. Sabemos que eso no es una solución, pero sirve para el mientras tanto y son herramientas con las que contamos», señaló.

Fuente: Telam.com.ar

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