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Los espacios políticos que integran el Congreso Nacional comenzaron a marcar posicionamientos sobre los proyectos de reforma a la Justicia anunciados por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, mientras iniciativas aprobadas por el Senado, como la del Ministerio Público y la de Tribunales Federales, continúan sin sumar consenso en Diputados para ser leyes.

«La reforma del Poder Judicial en sus más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad. El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano», dijo el titular del Ejecutivo en su discurso ante el Congreso para argumentar el envío de proyectos que enumeró a continuación.

«Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible», remarcó.

En ese sentido, dijo también: «Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien».

La creación de un Tribunal Federal de Garantías que esté por debajo de la Corte Suprema con competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y la revisión del Código de Procedimientos Civil y Comercial en relación a la posibilidad que tiene la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario, son dos de las iniciativas anunciadas por el Presidente en ese contexto.

También sumó una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, «para despolitizar ese ámbito» y un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales.

Aunque el anuncio que generó mayores repercusiones entre los legisladores fue el pedido al Congreso para que «asuma el rol del control cruzado sobre el Poder Judicial».

El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), fue uno de los primeros en dar más precisiones: «El Presidente, lo que dijo, es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie»

Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar: «Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán», apuntó Mario Negri (UCR), titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

«Si vuelven a insistir con disparates como los que planteó Cristina Fernández de Kirchner en 2013 sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la llamada democratización de la Justicia, no nos van a encontrar dispuestos a discutir», advirtió Pablo Tonelli, del PRO.

Por Consenso Federal, el presidente de bloque, Alejandro «Topo» Rodríguez, remarcó: «Me parece un despropósito. Es inviable la aprobación y funcionamiento de una Comisión Bicameral de esas características para controlar a los jueces».

Fuentes del Gobierno afirmaron en tanto que no se afectarían las funciones del Consejo de la Magistratura porque «trabajan sobre distintas cuestiones: el Consejo lo hace sobre cómo actúan los jueces, mientras que el Congreso debe hacer un control funcional de cómo actúa el Poder Judicial, identificando prácticas y procedimientos».

Fuente: Télam