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Julian Assange, fundador de WikiLeaks detenido desde abril en el Reino Unido, denegó formalmente este jueves ante un tribunal de Londres su «consentimiento» a la petición de extradición de Estados Unidos, que lo busca por actos de espionaje en base a las filtraciones realizadas por su sitio.

Assange compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, tras haber sido ayer condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en este país en 2012.

«No deseo entregarme para ser extraditado [a Estados Unidos] por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas», afirmó el activista y periodista en su declaración.

Assange se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, desde donde testificó este jueves durante unos diez minutos.

Por decisión del juez Michael Snow, el australiano deberá comparecer nuevamente, también mediante el sistema de videoconferencia, ante el mismo tribunal el próximo día 30, en lo que se prevé será otra vista preliminar.

Estados Unidos solicitó a Londres la entrega de Assange, de 47 años, al que acusa de «conspiración por infiltrase» en sistemas informáticos de su Gobierno con el objetivo de acceder a información clasificada, un cargo que podría acarrear una pena de hasta cinco años de prisión.

Washington sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono.

La fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que la soldado pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks.

El pasado 11 de abril, Assange fue detenido por la fuerza por agentes británicos en la embajada ecuatoriana en Londres, donde residió refugiado durante casi siete años, después de que el Gobierno de Lenín Moreno pusiera fin a su asilo diplomático.

Assange había solicitado ayuda en 2012 al anterior Gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, tras haber agotado todos los recursos legales en este país para evitar a toda costa su entrega a Suecia, que quería interrogarlo por unos delitos sexuales que él siempre ha negado.

El activista temía que, una vez en el país escandinavo, se le terminara entregando a Estados Unidos, donde teme por su vida.

Fuente:

Infobae