Según establecieron los peritos de la Corte Suprema de Justicia, el disuelto Ministerio de Planificación pagó $ 27.807.728, «el 76,01% del total», por la realización de 25 capítulos de «Mamá Corazón». Descontándole los impuestos, la productora A+A Group cobró $ 24.474.954, ya que se le retuvieron el IVA, Ganancias y Contribuciones Patronales. En casos similares, para otras 13 producciones contratadas también a través de la UNSAM, el Gobierno kirchnerista sólo les había adelantado en promedio el 7% del contrato.

El actual gobierno había decidido la suspensión de otros 13 contratos con productoras audiovisuales por $ 259 millones, en abril de 2016. Todos también habían sido contrataciones directas, trianguladas por la UNSAM. Pero recién decidió suspender los pagos vinculados a la novela «Mamá Corazón» varios meses después, luego del escándalo que se generó con la judicialización de este caso, a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien remitió a dos notas publicadas por Clarín.

El juez Ramos tiene una pericia de 20 páginas, con información de la UNSAM y documentación aportada por el Banco Central y los bancos HSBC, Santander Río y Patagonia, que fueron cotejados con los registros contables de A+A Group. Más allá de las numerosas irregularidades detectadas, en la Justicia se preguntan «por qué el Ministerio de Planificación destinaba fondos millonarios para realizar telenovelas», dijeron fuentes judiciales a Clarín.