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Tras la finalización de su mandato como diputada nacional del Partido GEN y luego de su experiencia como candidata del Frente UNA junto al renovador Sergio Massa, reapareció en la escena política Margarita Stolbizer. La Asociación Civil Bajo La Lupa, que preside la exlegisladora, presentó un relevamiento de las contrataciones de servicios de consultoría privada realizado por diversos organismos y Ministerios de la Administración Pública Nacional entre 2016 y 2017 en el que se detectó «sobreabundancia de estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente» y se advirtió «conflictos de interés en la contratación de empresas como así también incumplimientos en lo relativo a la normativa vigente».

El monto total por contrataciones de servicios de consultoría relevado es de $174.424.356 y en el informe se observa que se repiten en muchos casos las mismas empresas que eran contratadas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además «se advierte que los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría». Y se informa que «se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas que las consultorías contratadas; por lo que dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado».

Para la fundación que preside Stolbizer y coordina su asesora legal Silvina Martínez, se afirma que existe «incumplimiento respecto de las limitaciones que impone la normativa vigente en la materia, y/o la existencia de potenciales conflictos de intereses que afectan la transparencia que debe existir en el manejo de los recursos públicos».

El texto del documento -al que accedió Ámbito Financiero- asegura que «finalizada esta primera etapa, hemos dado inicio a la segunda fase del análisis, que consta del requerimiento a los diferentes organismos de la administración pública participantes de las contrataciones de la documentación pertinente elaborada por parte de las consultoras contratadas a los fines de evaluar el cumplimiento de los intervinientes de acuerdo a las condiciones de contratación como así también la utilidad del producto final para la Administración Publica».

Según Stolbizer, lo más importante es la observancia de la legislación vigente a la hora de efectuar este tipo de contrataciones, tal como establece la Ley N° 22.460 que regula la contratación de los servicios que prestan las consultoras privadas en los diferentes ámbitos de la administración pública nacional. «Se entiende por servicios de consultoría, toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos de nivel universitario, cumplidos bajo la forma de locación de obra intelectual o de servicios y realizada por firmas consultoras o consultores.

Fuente: ámbito