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El juicio por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, entró formalmente en su etapa de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Y el Gobierno de Javier Milei hizo la primera movida en esta extensa causa de más de 8 años por la que el estado argentino ya fue condenada a pagar la friolera de USD 16.000 millones, una cifra que además se incrementa con intereses día a día. En las últimas horas se presentaron los argumentos para evitar pagar el fallo condenatorio que el año pasado emitió la jueza Loretta Preska, a cargo de una corte del sur de Manhattan que trató el caso porque la petrolera cotiza en Wall Street. Básicamente, el estado Argentina insiste en que el caso no debe tratarse en EEUU.

A ese estrado acudieron en 2014 dos accionistas minoritarios que aseguran haber sido perjudicados por el accionar expropiatorio del kirchnerismo y que le vendieron sus derechos de litigar al bufete inglés Burford Capital, quien es el beneficiario principal del fallo de Preska.

En su extensa presentación de más de 90 páginas, los abogados del Estado local –Argentina está representada en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra– plantearon ante la Corte de Apelaciones que Preska podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país” y cuestionaron el monto multimillonario que la jueza indicó que tiene que pagar el país (un monto que se incremente, además, con intereses mensuales).

“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al Gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de $2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el Gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente sorprendidos”, agregaron los abogados que representan a Argentina, según recogió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en esta larga demanda contra Argentina (la empresa quedó fuera de la acusación el año pasado).

Fuente: Infobae