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A medio siglo de la sanción de la Ley 19.640 de exención impositiva en el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur desde el centro académico Fundar –una organización dedicada a la investigación y el diseño de políticas públicas– hicieron un balance sobre los logros y limitaciones de la política industrial y señalaron una serie de medidas para cambiar y mejorar “el régimen de promoción industrial más grande que tiene la Argentina”, según destacaron desde la entidad.

A través de una serie de documentos con el nombre de “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”, realizaron un diagnóstico del Régimen y del subrégimen industrial asociado y el costo fiscal que genera para el Estado nacional. Luego, elaboraron una propuesta de reformulación del subrégimen industrial que tiene como eje central pasar de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que se genera en el país.

Desde Fundar creen que si bien el régimen logró sus objetivos geopolíticos de crecimiento poblacional, no pudo “desarrollar un conjunto de actividades industriales que sean económicamente sustentables en ausencia de los beneficios que se le conceden”.

“El llamado ‘subrégimen industrial’ no sólo no ha logrado promover actividades sustentables, sino que, para expandirse hacia nuevas actividades —particularmente el ensamble de teléfonos celulares—, ha requerido incluso resignar criterios de agregación mínima de valor, parte del espíritu original de la Ley 19.640. La ausencia de un progreso claro en el camino de la autosustentabilidad se contrapone con la presencia de un significativo costo fiscal (0,22% del PBI) para el sostenimiento económico de las actividades existentes”, agregaron.

Así, según el informe que llevó un año de realización, el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, monto que representa, por ejemplo, explicaron, más del doble del presupuesto del Conicet para el año 2021 (USD 435 millones, al dólar oficial promedio de ese año) y un 87% del gasto público anual en Ciencia y Tecnología. “Esto constituye una renuncia fiscal significativa en un país que debe armonizar la atención de necesidades a lo largo y a lo ancho de su territorio”, destacó el trabajo y agregó que el esquema tampoco logró generar la autonomía económica para que Tierra del Fuego deje de “depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales”.

Fuente: Infobae