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El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 1º de marzo una serie de iniciativas para producir reformas y garantizar procedimientos más transparentes en el Poder Judicial, como la creación de un Tribunal Federal de Garantías, la reglamentación más estricta del artículo 280, que permite a la Corte Suprema rechazar un recurso extraordinario o de queja sin fundamentarlo por escrito, y cambios en el mecanismo de designación de jueces y el control de sus conductas.

«Nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario», anticipó Fernández a los legisladores. Este tribunal tendrá a su cargo el trámite de los recursos, lo que aliviaría a la Corte Suprema de un número ingente de pedidos anuales que, en muchos casos, desestima con la aplicación, sin más detalles, del controvertido artículo 280.

«De ese modo -mencionó el presidente en la apertura de sesiones ordinarias-, la Corte Suprema de Justicia podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución expresamente le ha dado».

De acuerdo a la normativa constitucional, la Corte Suprema debería intervenir ante los conflictos entre provincias, entre provincias y particulares, y además ejercer el llamado ‘control de constitucionalidad’.

Sumada a esta iniciativa, y junto a la duplicación de los tribunales federales a partir de la fusión de Fuero Federal y el Penal Económico, el Gobierno sumó también la iniciativa de aplicar el juicio por jurados en la sanción de delitos federales graves.

Esa propuesta apunta a sanear y mejorar el sistema de justicia con la conformación de un tribunal popular para este tipo de delitos, que será el que, en definitiva, dictamine culpabilidad o inocencia.

«Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal», argumentó sobre este punto el jefe de Estado.

En cuanto a la designación de jueces, el Presidente anunció que enviará al Poder Legislativo un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura para «despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver, y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos», comunicó Fernández.

En principio, el proyecto elevaría el número de consejeros de 13 a 16, para ampliar la base de representación y agilizar el complejo proceso de elección de magistrados, que debe pasar por un proceso de orden de mérito en base a los antecedentes, más exámenes, una audiencia oral y, finalmente, el acuerdo del Senado, siempre que el Ejecutivo lo elija al candidato entre los integrantes de la terna.

Fuente: Télam