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MADRID.- La infanta Cristina de Borbón evitó finalmente la desgracia de dormir en una celda. Pero la cárcel será una parte de su vida, ahora que su esposo, Iñaki Urdangarin, cuenta las horas que le quedan en libertad. El juicio más resonante de la historia democrática española se zanjó ayer con la absolución de la hermana del rey Felipe VI y la condena a seis años y tres meses de prisión para Urdangarin, acusado de cometer un fraude millonario a las arcas públicas.
La sentencia se conoció ocho meses después del final de las audiencias del caso Nóos, el nombre de la falsa entidad sin fines de lucro que Urdangarin usó para captar contratos públicos y quedarse con el dinero, amparado en su posición en la realeza. Terminó así la ansiedad que tenía en vilo a la corona, una institución que sufrió niveles de desprestigio inimaginables por el escándalo.
Por eso, hubo un alivio indisimulable en el entorno del rey. La decisión del tribunal de Palma de Mallorca fue el mejor resultado posible, dadas las circunstancias.
Las juezas consideraron que la infanta Cristina «desconocía» los negocios sucios de su marido y sólo le achacaron responsabilidad civil en la trama.
Le impusieron una multa de 265.000 euros por el beneficio económico que obtuvo por los delitos de Urdangarin; es menos de lo que había depositado de manera cautelar antes de empezar el juicio. Le devolverán casi 400.000 euros. La querella particular Manos Libres la consideraba partícipe necesaria de dos delitos y pedía ocho años de prisión para ella.
«Estoy levitando. Se hizo justicia con una mujer que demostró con hidalguía que todos somos iguales ante la ley», declaró Miquel Roca, abogado de Cristina de Borbón. Se preocupó de aclarar que ella está «satisfecha» por la sentencia, pero «triste» por el destino de su marido, al que «todavía considera absolutamente inocente». En todo momento, Cristina negó conocer las actividades de su marido y explicó haber actuado con total confianza hacia él.
La condena a Urdangarin se intuía inevitable. El fiscal pedía 19 años de cárcel por una lista de ocho delitos graves de corrupción. El castigo fue bastante más suave. Para las juezas cometió cuatro delitos (fraude a la administración, malversación, prevaricación y evasión). Le aplicaron atenuantes para dictarle la mínima en cada caso.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Pero el fiscal Pedro Horrach pedirá en los próximos días el ingreso a prisión inmediato del cuñado del rey. La pareja Borbón-Urdangarin se mantuvo en Ginebra, donde viven con sus cuatro hijos desde 2013.
«Respeto máximo a la independencia del Poder Judicial», fue la única frase que pronunció un vocero de la Casa Real para evaluar la noticia.
Mientras en Palma de Mallorca se distribuían copias de las 716 páginas del fallo, Felipe VI inauguraba una exposición de arte en el museo Thyssen de Madrid. Toda una ceremonia de normalidad.

Impacto

Pero el daño acumulado del caso resultó brutal para la monarquía española. El prestigio de la Corona se derrumbó, al punto de hacer inevitable hace dos años y medio la abdicación de Juan Carlos I, padre de Cristina. Felipe batalla desde entonces, con un perfil discreto y modos austeros, para recomponer el lazo de la institución con la sociedad.
Las primeras sospechas públicas sobre la actividad de Urdangarin saltaron hace 11 años, pero el escándalo se salió de cauce en 2011 cuando la justicia empezó a desnudar el engaño del Instituto Nóos.
Con esa «entidad sin fines de lucro» el entonces duque de Palma y su socio, Diego Torres, facturaron 17 millones de euros entre 2004 y 2006 por servicios que en la mayoría de los casos no cumplían o cuyo precio estaba notablemente inflado. De esa cantidad, 6,4 millones de euros provinieron de contratos públicos otorgados a dedo por los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid.
Los investigadores probaron que Urdangarin y Torres habían creado una red de empresas fantasma que facturaba servicios falsos a Nóos. Así, el dinero de los contratos públicos terminaba en sus cuentas particulares.
Parte de los fondos se desvió a la sociedad Aizoon, de propiedad compartida entre Urdangarin y la infanta Cristina. La pareja atribuyó a esa empresa todo tipo de gastos personales, algo que el juez instructor interpretó como una maniobra para evadir y lavar dinero.
Por eso mandó a juicio oral a la hermana del rey y agigantó el impacto político: nunca antes un familiar directo de un monarca europeo se había sentado en el banquillo de los acusados en un proceso por corrupción.
Las juezas consideraron, al igual que el fiscal y la Abogacía del Estado, que ella no delinquió a conciencia. La culpa se la cargan a Urdangarin, un ex jugador profesional de handball de 49 años que gozaba de una imagen impecable hasta que la Justicia posó su mirada en él.
Según la sentencia, él se aprovechó del «privilegiado posicionamiento institucional del que disfrutaba, dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido». Así, evaluaron las juezas, «ejercía una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos».
Torres, el socio, salió peor parado: le dieron ocho años y medio de cárcel. Jaume Matas, ex presidente de las Islas Baleares, fue condenado a tres años y ocho meses. Otros cuatro ex funcionarios recibieron penas menores y resultaron absueltos ocho acusados (aparte de la infanta).
El parto de la sentencia revelada ayer fue tortuosa, según admiten fuentes judiciales. El juicio oral se desarrolló entre enero y junio del año pasado.
Se necesitaron ocho meses de negociaciones entre las magistradas para llegar a la revelación que cierra un capítulo negro para la monarquía española.

Fuente: La Nación