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La jueza laboral y candidata a integrar el Consejo de la Magistratura, Viviana Dobarro, consideró que el estamento de los magistrados podrá cumplir el plazo para elegir a su nueva representante, como propicia el fallo de la Corte para ampliar sus miembros.

«Los jueces y juezas no tendremos problemas a pesar del plazo exiguo», señaló la titular del Juzgado Nacional del Trabajo 21, en referencia a los 120 días -mediados de abril- que planteó como plazo la Corte para que el Consejo se amplíe de 13 a 20 miembros.

Dobarro amplió que «el plazo es exiguo y esto lo torna especialmente complejo, pero lo cierto es que la voluntad del Consejo de la Magistratura ha sido cumplir con el fallo y todo el estamento de jueces y juezas está avanzando en el proceso de selección de las personas que serán sus representantes».

En cuanto a la decisión de participar en las elecciones de magistrados, Dobarro, funcionaria del Poder Judicial desde 1990, señaló a Télam que «no fue una decisión únicamente personal, sino que el espacio que integro, la Lista Celeste, decidió proponerme como candidata para representar la identidad y valores de la lista».

La jueza laboral transitó todos los cargos administrativos en la justicia previo examen y se especializó en Derecho del Trabajo y en temas de género, dando clases también a nivel universitario.

Actualmente, el Consejo tiene tres representantes hombres por los magistrados y eso, para Dobarro, es parte de las inequidades de género que padece la justicia. «Si analizamos el mapa judicial de género, también hay pocas mujeres juezas en los tribunales superiores de justicia provinciales o en determinadas cámaras y jurisdicciones», destacó.

Sobre las leyes de la Legislatura porteña que traspasan fueros y delitos a la Ciudad, la candidata de la Lista Celeste fue categórica: «Se han arrogado facultades propias del congreso Nacional».

«La Capital Federal no es una provincia, sino territorio cedido por la provincia de Buenos Aires para asiento de autoridades locales» aclaró la jueza y recalcó que «son inconstitucionales (las leyes) y afectan la organización del poder judicial».

Fuente: Télam