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Fue un título impactante. A mediados de este mes, el abogado querellante Juan Pablo Vigliero, que representa a las hijas de Alberto Nisman en la causa que investiga su muerte, repitió sus apariciones en los medios para hablar de «una custodia paralela» integrada por efectivos de Prefectura que supuestamente vigilaba al fiscal en secreto desde abril de 2014. El fiscal nunca habría sabido de su existencia, según Vigliero. Esta custodia surgió de relatos de efectivos de Prefectura mismos, que realizaban un adicional de custodia en el edificio Le Parc de Puerto Madero.

Supuestas curiosidades surgidas en testimonios alimentaron este relato. Clarín citó la testimonial de un prefecto afectado a Puerto Madero desde abril de 2014, que solo admitió que trabajó el día previo a que Nisman apareciera muerto cuando le mostraron la planilla de servicio en la que aparecía. Ese mismo oficial habló de «la presencia de un efectivo integrante de la brigada de inteligencia del destacamento Puerto Madero de la Prefectura Naval Argentina sentado en un banco en el Boulevard frente al complejo. Que esta persona, cuyo nombre no recuerda, estaba vestida con ropas de civil». Así, surgieron eufemismos típicos de las fuerzas de seguridad como los «orejas de goma», los espías estatales de Prefectura.

¿Nisman era efectivamente espiado por Prefectura? Lo cierto es que, de parte de Prefectura, había una custodia suplementaria legal y autorizada: a Prefectura, por tener jurisdicción en Puerto Madero, le correspondía custodiarlo. Nisman mismo la pidió en un escrito enviado en febrero de 2013 al juez Luis Rodríguez en Comodoro Py, para él y para su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, con quien vivían las hijas de ambos. Así lo supo la fiscal Fein la semana pasada, algo que adelantó Infobae el viernes último, cuando pidió información tras las manifestaciones del abogado Vigliero y recibió un oficio con documentación de la causa del juez Rodríguez aclarando la situación.

Las nuevas precauciones

Nisman, según información del Ministerio de Seguridad provista a la Justicia en aquel entonces, ya contaba como jefe de la UFI AMIA con diez suboficiales para protegerlo provistos por la cartera de Seguridad, que se turnaban en forma rotativa. Dos de ellos le fueron designados, por pedido de Nisman, a su entonces secretario letrado. También tenía asignados un Ford Fiesta del Ministerio de Justicia y un Ford Focus de la entonces Secretaría de Inteligencia. Arroyo Salgado, según los mismos documentos, contaba como jueza federal con diez suboficiales asignados por la Delegación San Isidro de la PFA. El refuerzo de la custodia llegó de la mano de amenazas.

Fue en el marco de la causa «Leakymails», que recayó en el despacho del juez Rodríguez, que se gestó el pedido. Leakymails fue una página que publicaba correos privados de funcionarios del Gobierno, para luego ser cerrada por orden de la Justicia. En este contexto, Arroyo Salgado y Nisman recibieron diversos mails intimidatorios, según publicó Perfil. «Tu negocio ya se terminó», «se terminó el apoyo a vos», tuvo que leer Nisman en su computadora en mensajes que habrían provenido de un servidor ubicado en Canadá.

Durante los últimos meses de 2012, según consta en el expediente, Nisman no consideraba necesitar más protección; se lo había dicho al juez Rodríguez por teléfono en al menos tres ocasiones. Sin embargo, en febrero de 2013, Nisman cambió de parecer. Hubo una amenaza en particular que lo asustó.

Mediante un escrito con su firma, le pidió a Rodríguez que «habida cuenta de las amenazas que vengo recibiendo relativas al ejercicio de mi función y la especial gravedad de que, a mi juicio, revisten tanto esta última presentada el día 13 de febrero de 2013 como las anteriores en que se involucra además del suscripto a mis hijas», sumado esto al marco general de su rol como encargado de investigar el atentado a la AMIA, «el incremento de la custodia personal y de movilidad» para él y Arroyo Salgado.

Rodríguez dio vista a esto: consideró «prudente y aconsejable acceder al pedido» y pidió que su juzgado libre oficios, entre otros organismos, a la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, a cargo de dispensar custodias a funcionarios.

El «análisis de riesgo»

Así, la Secretaría evaluó algo que es parte de sus protocolos: un informe de riesgo que remitió al juzgado de Rodríguez. De cara a las amenazas recibidas por mail, «no se puede dejar de restar importancia al presente hecho», marcó el documento. El informe no consideró que Nisman estuviese poco custodiado, pero hizo caso al pedido. Dada la jurisdicción de Prefectura sobre la zona de Le Parc, «se deberán arbitrar los medios necesarios para que el personal de dicha Fuerza implante la custodia domiciliaria del funcionario». La custodia domiciliaria de Arroyo Salgado fue derivada a la PFA en San Isidro.

Caamaño envió a Prefectura el pedido el 21 de febrero. Un día después, una figura jerárquica en la fuerza le respondió que dio inicio «a la requisitoria de referencia, asignando personal de ese destino a tal efecto». Otra autoridad le respondió en otro documento que el Departamento Central de Operaciones de Prefectura «impartirá las directivas respecto al tipo de consigna a implementar».

Las directivas generales fueron: brindar seguridad a Nisman en Le Parc con un relevo «hombre por hombre», dar aviso al comando radioeléctrico ante cualquier eventualidad y vestir «correctamente» el uso de uniforme.

Fuente: Infobae.com