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La Cámara Federal de Casación Penal determinó este jueves en un fallo histórico que los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y la mutual judía de la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah.

Los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma concluyeron además que en el caso de la AMIA, con 85 muertos, se trató de un crimen de lesa humanidad. La sentencia se dio en el marco de la revisión del expediente que investigó el encubrimiento de la investigación inicial y de la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido de la causa. Casación ratificó su decisión al argumentar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen a la organización del crimen.

Pero el pronunciamiento es de gran impacto geopolítico porque se adentra en las responsabilidades penales internacionales en los atentados, una hipótesis siempre presente pero que ahora suma un fallo desde la máxima instancia penal de la Argentina. «Satisfacción», fue la respuesta que deslizaron a Ámbito fuentes cercanas al presidente Javier Milei, respecto al esperado fallo que responsabiliza a Irán por los ataques.

El fallo de Casación además instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar políticas públicas como la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos o modernizar el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada. Además, el máximo Tribunal Penal del país mandó a desclasificar, digitalizar, sistematizar y compulsar la información de los archivos secretos, cuyo volumen alcanzaría un metraje equivalente a 20 cuadras. Insistió, a su vez, a que se refuercen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros poseen vinculada al atentado.

Este tramo incluyó reformas para poder avanzar respecto a los funcionarios iraníes prófugos para la justicia argentina, con lo que se vuelve a mencionar el «juicio en ausencia», algo todavía vedado en la legislación argentina. El Gobierno nacional celebró la sentencia y afirmó que pone fin a «décadas de postergación y encubrimiento en el caso».

Fuente: Ámbito