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La Superintendencia de Servicios de Salud aclaró que sólo avalará los incrementos ya convenidos con las empresas.

El Gobierno advirtió este jueves que los copagos que clínicas y sanatorios empezarán a cobrar desde el lunes a los afiliados de las prepagas, independientemente del plan que tengan contratado, deberán ser reintegrados por esas empresas de salud, porque de lo contrario se iniciarán acciones legales y se les aplicará multas.

«La implementación del copago se da en el marco de la relación contractual entre las empresas de medicina prepaga y sus prestadores, esto es clínicas, sanatorios y hospitales», explicó la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana  Korenfeld.

En ese sentido, aclaró que, como organismo de control, «no legitimará ningún acuerdo gestado como jugada política que pretenda convertir a los beneficiarios del Sistema de Salud en rehenes de intereses económicos y  así  intentar forzar al Gobierno a tomar decisiones políticas que dañen o vulneren el derecho a la salud de nuestros compatriotas».

En un comunicado, aseguró que «aplicará todas las facultades que la ley le otorga para asegurar el acceso a la salud de todos los beneficiarios» a las vez que «garantizará por medio de las atribuciones que se le han conferido y la aplicación de la legislación vigente el acceso a la cobertura de salud para todos los beneficiarios del Sistema».

Y remarcó, en respuesta a los reclamos de las prepagas y los sanatorios que su administración «no autorizó ni autorizará a las Empresas de Medicina Prepaga ningún incremento por fuera de los ya establecidos oportunamente». Para este año, habilitó una suba del 5,5 por ciento (que ya se aplicó a las cuotas de los afiliados) y el mes próximo podrán ajustar a los planes otro 7,5 por ciento, algo que los empresarios del sector consideran «muy insuficiente», por la inflación y las paritarias firmadas con los trabajadores.

La controvertida decisión unilateral de las clínicas de cobrar una suma adicional generó un duro cruce entre la Superintendencia de Servicio de Salud, entidades de usuarios y cámaras que agrupan a empresas de medicina prepaga y a sanatorios.

«En los contratos de la medicina prepaga se especifica que no puede haber copagos. Por esta razón las empresas deberán reintegrarles a sus clientes lo que les cobren las clínicas», aclaró más temprano Korenfeld, en declaraciones a un matutino. 

Osvaldo Bassano, presidente de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, advirtió que «el consumidor puede iniciar acciones contra la prepagas y el sanatorio por el cobro del copago».

Sostuvo que «por A o por B van a tener que devolver la plata y van a tener que pagar una multa» y explicó que la suma adicional se trata de un aumento indirecto, ya que «cobran en los sanatorios que son de ellos mismos».    «Hicieron un pacto entre los prestadores y la medicina prepaga; son usureros financieros», indicó el dirigente en declaraciones radiales.

Las clínicas pretenden cobrar 50 pesos por estudios de baja complejidad y 100 pesos por los de alta complejidad, ya que -argumentan- se había acordado con el Gobierno un ajuste del 9% en aranceles desde septiembre, como compensación por el aumento de los salarios del sector y de los costos generales.    Pero finalmente se autorizó un alza menor, del 7,5%, y recién se podrá aplicar en octubre, por lo que las cámaras del sector decidieron recurrir a la Justicia para reclamar por el alza de las cuotas.

Néstor Gallardo, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), admitió que «todo esto tiene que ver con que no se autorizó el aumento de las prepagas».    «El aumento fue del 7,5% y corrido para octubre cuando se pedía el 9%. Hay riesgo de que los empleados no puedan cobrar por esta situación. No alcanza la plata para pagar. Esto se va a cobrar sólo en septiembre», indicó.

Agregó que «los médicos también son variable de ajuste» y señaló que «las entidades van a reintegrar la plata que se paga en septiembre».    Jorge Cherro, titular de Adecra (Clínicas), indicó que los copagos se percibirán sólo en prácticas ambulatorias y no en internaciones o intervenciones quirúrgicas.

«Somos un sector responsable, si hay gente que no lo pueda pagar, no lo va a pagar; la atención, como siempre, está asegurada; nunca hicimos abandono de paciente», remarcó.    Dijo que «en este problema nos metió el Gobierno y la llave para resolverlo la tiene el Gobierno: tiene varios días hasta el lunes para una negociación y resolverlo».

El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, prometió que las sumas adiciones serán «reintegradas» y aseguró que «el usuario no va a tener problemas». «Esto que pasa es un mecanismo de presión de los prestadores para que la Superintendencia cumpla con lo prometido», consideró el empresario.

Por su parte, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) reclamó la constitución del Consejo Permanente de Salud, para que «todos los componentes» del sistema sanitario acuerden «aranceles mínimos y obligatorios».

Según esa entidad, la «nueva controversia entre las empresas de medicina prepaga y la Superintendencia de Servicios de Salud (por el cobro de copagos) es una expresión más de la crisis de depreciación arancelaria, y de los profundos desequilibrios y el desfinanciamiento que afectan a los distintos actores del sistema de salud».

«Para su solución, CADIME propuso en forma persistente que se constituya el Consejo Permanente de Concertación previsto por la Ley 26.682 (que regula la medicina privada) de tal manera que todos los componentes de la salud y el Estado discutan, sobre bases técnicas, los costos de producción de las prestaciones que se brindan a los beneficiarios, acordando aranceles mínimos y obligatorios», añadió la Cámara que agrupa a prestadores.

Fuente: minutouno.com