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Griesa toma en cuenta que la actividad del Citi corre peligro, pero culpa al país por lo que pueda pasar porque “Argentina no cumple” con las decisiones del Tribunal.

Thomas Griesa volvió a demostrar ayer que en cualquier circunstancia, y aun reconociendo un error propio, siempre fallará en contra de la Argentina en el «juicio del siglo» entre el país y los fondos buitre. Así lo dejó en claro cuando anunció que se le prohibirá definitivamente al Citibank pagar los intereses de bonos reestructurados de la deuda argentina emitidos bajo ley local; asegurando que su curiosa interpretación de la cláusula «pari passu» rige tanto para el sistema jurídico norteamericano como para cualquier régimen judicial en el mundo. Incluyendo a la Argentina. Ahora el banco deberá decidir si acepta el fallo del juez del segundo distrito de Nueva York, y no concreta la liquidación prevista para el 31 de marzo; o si decide enfrentarse al juez y concretar la operación prevista. Si toma la primera decisión, se expone a una situación extrema y lleva al Gobierno de Cristina de Kirchner a tener que resolver al límite: repetir o no la medida aplicada contra el Bank of New York Mellon (BoNY), que el año pasado se negó a pagar los u$s 539 millones por el vencimiento del 30 de junio del bono Discount; y fue impedido de volver a trabajar en el país y ser su agente financiero y, lo más importante, fue echado de la Argentina y obligado a cerrar sus oficinas en Buenos Aires. Si el Citibank aceptara el fallo de Griesa y no pagara los intereses del vencimiento el 30 de junio en Buenos Aires, y si el Gobierno decide aplicar las mismas sanciones del BoNY, la misma operatoria de la entidad financiera (que permanece desde hace más de 100 años en el sistema financiero local), podría estar seriamente comprometida. No es un eufemismo o una alarma. La misma abogada que representó a la entidad financiera norteamericana, Karen Wagner, lo expuso por escrito y de manera oral ante Griesa, asegurando que «la misma subsistencia del Citibank en la Argentina está en juego, así como los puestos de trabajo de sus empleados». En su fallo de ayer el mismo Griesa reconoce estos peligros concretos, repitiendo que al BoNY le había pasado lo mismo; pero ratifica su prohibición para el Citibank justificando su fallo en que la Argentina «se ha negado a aceptar las sentencias de este Tribunal a cuya jurisdicción se adhirió voluntariamente».

«Se rechaza la moción de Citibank», dictaminó finalmente, seco, Griesa al final de su fallo de 16 páginas en respuesta a la demanda de liberar de manera definitiva esos pagos. «La participación de Citibank para efectuar pagos de bonos reestructurados está prohibida», completó el juez. Hasta ayer el magistrado de Nueva York había habilitado tres pagos trimestrales de la entidad, mientras mantenía bloqueados desde julio del año pasado los u$s 539 millones que efectuó Argentina para tenedores de bonos reestructurados en dólares bajo legislación estadounidense y en euros bajo legislación inglesa. La decisión llevó al país a un default parcial sobre su deuda canjeada en 2005 y 2010, mientras que Griesa busca que se cumpla el pago al contado de unos u$s 1.660 millones de junio de 2014; que junto con las multas y punitorios llegaría a los u$s 1.900 millones.

En la audiencia del 3 de marzo, Wagner había dicho a Griesa que los bonos «no son deuda externa y no están sujetos a la cláusula ´pari passu´» de tratamiento equitativo que obliga a abonar a los fondos buitre al mismo tiempo, y que el banco es «custodio» de depósitos y no «participante» del proceso de pagos.

Sin embargo, Griesa respondió este jueves que el Citibank es «una institución financiera que procesa pagos iniciados por la República (Argentina), y que el pago de esos bonos violaría la provisión de tratamiento equitativo», más allá de que «los títulos reestructurados sean o no deuda externa».

«Fallando de otra manera, este tribunal habría adoptado una lectura estrechísima y técnica del término ‘participante’, una en oposición con el claro lenguaje de la orden y en oposición con la intención del tribunal al elaborar esa orden», precisó Griesa. Según la posición argentina, expuesta por los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), los bonos no emitidos en la legislación norteamericana están fuera del alcance de la Justicia de los Estados Unidos. Así lo ratificó además el fallo del 13 de febrero pasado del juez británico David Richards, que habilitó el pago de la deuda argentina en Londres desestimando las presentaciones del fondo buitre NML Elliott, que había reclamado que se replicara en Gran Bretaña el mismo fallo de Griesa en EE.UU. El juez norteamericano no desoyó ahora tanto la visión de su colega Richards, sino que además no tuvo en cuenta los escritos de actores clave en el sistema financiero mundial, como George Soros y su fondo Quantum y Kyle Bass de Haynman. Ambos presentaron el jueves pasado escritos ante el tribunal de Griesa, recordándole al juez la decisión de Richards y alertándole sobre los problemas que generaría su decisión de sostenerse en contra de la posibilidad de liquidar la deuda argentina emitida fuera de la jurisdicción norteamericana.

Una vez conocido el fallo, hablaron voceros del fondo Elliot de Paul Singer, y afirmaron a través de un comunicado que «el fallo del tribunal deja en claro que cualquier tercera parte que intente ayudar a Argentina en el proceso de pagos está en violación con la orden del tribunal. Argentina debe dejar de desafiar a los tribunales y negociar una solución a esta disputa».

Argentina está pendiente además de demandas del resto de los tenedores de bonos de deuda argentina en default que quieren sumarse al fallo a favor de los fondos especulativos, y que hicieron sus presentaciones ante Griesa hasta el 2 de marzo. Los denominados «me too» (yo también) forman parte, como los fondos «buitre», del 7% de tenedores de bonos impagos desde 2001 que no entraron en los canjes que efectuó Argentina con importantes quitas y una aceptación del 93%.

Estos querellantes, con y sin sentencia en otros tribunales estadounidenses, podrían ver reconocido su derecho al «pari passu». Se desconoce el monto exacto que representan todos estos casos.

Fuente: Ámbito