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El gobierno nacional aprobó la reestructuración, en el marco de la declaración conjunta para refinanciar hasta el 30 de mayo de 2019 los compromisos nacionales, suscripta con los países acreedores nucleados en el Club de París.

Los montos reconocidos corresponden a la compensación de atrasos adeudados, garantizados o asegurados por el gobierno y organismos estadounidenses.

En este último caso se incluye al Export-Import Bank (Ex-Im Bank) y al Organismo para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), y comprende el 100% de la deuda (capital e intereses) al 30 de abril último.

El total de atrasos reconocidos asciende a 608,4 millones de dólares (562,1 millones corresponden al Ex-Im Bank y 46,2 al USAID).

Los préstamos y créditos comerciales fueron originalmente otorgados, renovados y ampliados en favor del Estado nacional argentino, las provincias, municipios y organismos públicos durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y cayeron en default durante la administración de Adolfo Rodríguez Saa.

El cronograma de pagos acordado prevé iniciar los reembolsos el 30 de mayo del año próximo, con cuatro cuotas anuales de 141,2 millones de dólares y un último tramo en 2019, de 43 millones.

El acuerdo a firmar con Estados Unidos fue aprobado mediante el decreto 2410, que se publica hoy en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Economía, Axel Kicillof.

La norma señala que los Estados acreedores nucleados en el Club de París «han reconocido y enfatizado la importancia del compromiso asumido» por el país, de «implementar políticas de desendeudamiento que permitan desarrollar las facilidades de financiamiento necesarias para la concreción de proyectos de infraestructura estratégica y otras necesidades que hacen al desarrollo de la República Argentina».

Esos Estados, asimismo, manifestaron que «la regularización de los atrasos en el pago de la deuda soberana resulta adecuada y propicia a fin de posibilitar la normalización de las relaciones económicas y financieras» bilaterales.

En ese contexto se convinieron pautas generales y particulares a fin de posibilitar la reestructuración de la deuda soberana mantenida con los países acreedores, en un esquema de pago que no podrá exceder de un período de cinco años y cuyo cronograma de vencimientos establecido «resulta conveniente para las finanzas del Estado nacional».

La regularización de pagos habilitará a los organismos de financiamiento estadounidense a otorgar nuevos respaldos a empresas y a distintas instancias del Estado nacional, con miras a impulsar el proceso de inversión y facilitar operaciones de comercio exterior.

Fuente: Telam