La necesidad de reforzar estas medidas migratorias tiene que ver con que «el Estado Nacional, ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación», dijeron fuentes oficiales. A su vez, en el decreto que firmó Macri el año pasado se indicó que «la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total» y, particularmente por delitos de narcotráfico, hay «un 33% de las personas» en las prisiones argentinas.
Desde el Gobierno que hasta ahora hay 9 provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a su fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.
Por otra parte, desde el Ministerio del Interior remarcaron que la política migratoria del gobierno «no solo es expulsiva sino también inclusiva». De hecho, en el Gobierno resaltan que la gestión de Macri generó más radicaciones de extranjeros que en los 12 años del kirchnerismo. Así se supo que, desde 2016 hasta hoy, hubo 428.000 radicaciones de extranjeros en la Argentina. En 2017 se establecieron 213.000 y en el 2016 unos 215.000 extranjeros. Para el gobierno esta es una muestra clara de que hay una decisión firme de incluir en la Argentina a los extranjeros que trabajan y que no cometen delitos. Con los que no se sometan a la ley no habrá reparo alguno en las expulsiones y la aplicación de la ley.
Fuente: Infobae
