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Un organismo del Poder Ejecutivo auditó la herramienta más sensible del Poder Judicial: el sistema que sortea y adjudica las causas a los juzgados. El resultado fue un duro informe que señaló que el mecanismo informático «presenta falencias» y que «no alcanza un nivel de madurez suficiente en concordancia con la criticidad de su función».
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo de control que supervisa a las dependencias del Poder Ejecutivo, realizó una auditoría especial sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Judicial, conocido en los pasillos tribunalicios como Lex 100, que define mediante un algoritmo en qué juzgado recaen las denuncias judiciales.
La auditoría fue encargada por el propio Consejo de la Magistratura que busca ajustar las clavijas y mejorar la seguridad informática de los sorteos. La inquietud surgió luego de que la jueza federal María Servini de Cubría elevara al Consejo y a la Corte Suprema una pesquisa técnica que detectó vulnerabilidades en el bolillero electrónico en el marco de una causa penal. Si bien no hay evidencias de una «mano negra» que toque la designación de causas, se evidenciaron debilidades técnicas que atentan contra la fiabilidad del sistema.
El Lex 100 realiza sorteos en base a la compensación de carga de trabajo, haciendo que ingresen al bolillero los juzgados con menor stock de causas.
En particular, en Comodoro Py, donde se investigan las causas más sensibles para el espectro político, la regla principal es que nunca puede haber menos de tres juzgados por sorteo. El sistema atiende principalmente a la aleatoriedad y secundariamente a la compensación por carga de trabajo. Así, el software elige automáticamente los tres jueces que menos denuncias tienen en su stock y el número de bolillas puede ampliarse sólo si no se cumple con esa premisa.
De acuerdo a un sumario del informe de la Sigen, el organismo del Gobierno que preside Alberto Gowland alertó que el sistema «puede tener un riesgo debido a que determinados perfiles cuentan con la posibilidad de ver el estado de un bolillero en un momento dado, lo que permite contar con información para la predicción del resultado del próximo sorteo».
El informe señaló que la Sala de Servidores, si bien tiene medidas de seguridad acordes a una sala cofre, muestra «puntos ciegos en el circuito cerrado de TV», además de «la ausencia de una alarma para el caso de que la puerta de ingreso quede abierta».
Además, la Sigen informó que «la documentación del sistema no ha recibido actualizaciones desde que se recibió el software del proveedor» por lo que los documentos se encuentran desactualizados.
El sistema prevé que haya seis juzgados de turno por cada quincena, en un cronograma fijado de antemano al inicio del año judicial. Para la Sigen «es posible modificar el cronograma de turnos preestablecido mediante la Asignación de Turnos Manual». «No existe un procedimiento de revisión del mismo que pueda detectar cambios que no se correspondan con la grilla definida. Esto genera riesgos que afectan la transparencia del proceso», agregó el organismo de control.
La Sigen realizó además una encuesta entre los usuarios de asignación de causas dentro de los despachos judiciales. Sobre una muestra de 113 encuestas, un 74% consideró que el sistema «permite el seguimiento de los pasos ejecutados» y que el soporte técnico es «bueno», mientras que el 80% alertó por errores inesperados en el sistema y el 87% consideró que el sistema «no tiene una adecuada velocidad de respuesta».
Además de la Sigen, el Consejo de la Magistratura le encargó otro informe a la Auditoría General de la Nación (que marcó falencias técnicas en el mismo sentido que el organismo del Poder Ejecutivo) y le ordenó un tercer trabajo a la Unidad de Auditoría Informática que depende del propio Consejo.
Con los resultados, las direcciones de Tecnología y de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura elaboraron un dictamen propio que tomó como base las consideraciones de las auditorías de los organismos de control. «Enumeraron las coincidencias con las falencias marcadas, los puntos que se pudieron solucionar y una serie de medidas que se deben adoptar para mejorar el funcionamiento del software», señalaron. Ahora, la Comisión Administrativa Financiera debe evaluar todas las propuestas.
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