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La titular del Consejo Nacional de Mujeres (CNM), Fabiana Túñez, afirmó que «la erradicación de la violencia contra la mujer es política de Estado» en la Argentina, al exponer ante la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

«La erradicación de la violencia contra mujeres es política de Estado», afirmó Túñez, quien encabezó la delegación nacional ante la Cedaw, un tratado internacional aprobado en 1979 por la Asamblea General de la ONU y ratificado en el país en 1985 por la ley 23179.

Al ser consultada por el Comité respecto del movimiento #NiUnaMenos, cuya primera marcha se realizó en la Argentina en junio de 2015 bajo la consigna «basta de femicidios», la funcionaria explicó que «si bien se inició en las redes sociales, en la actualidad forma parte del acervo cultural de toda la sociedad».

«Varias de las medidas que reclamábamos en esa primera marcha se cumplieron en estos diez meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri», afirmó Túñez, quien mencionó entre ellas el tratamiento de proyectos de ley para garantizar paridad de género en el ámbito legislativo y otros cargos electivos y la puesta en marcha del Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, María Aurora García, de la Secretaríade Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, anunció que la Argentina implementará un registro de femicidios y travesticidios, «otro de los logros que cumple con las demandas de la primera marcha de #NiUnaMenos», afirmó.

La delegación argentina también destacó el «aumento del 30 por ciento para el presupuesto del CNM» y los «aportes a la capacitación en programas como ‘Ellas Hacen’ -que busca que mujeres en situación de vulnerabilidad terminen sus estudios o se formen en oficios- como forma de achicar la brecha entre las realidades de los diferentes puntos del país».

No obstante, Túñez reconoció que el país tiene «una deuda pendiente» con respecto a las estadísticas: «Tenemos un déficit que viene de años atrás y que en estos diez meses de gestión estamos trabajando para revertir», sostuvo.

Consultada sobre los índices de mortalidad materna, la delegación argentina reconoció que «sigue siendo elevada como consecuencia de la interrupción de los embarazos no planificados», por lo que varios integrantes del comité de la Convención cuestionaron «la falta de acceso en el país al aborto no punible».

Desde ese comité también se le preguntó a la delegación argentina sobre las implicancias de la ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI), que establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir esa formación en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.
«La Argentina es un país federal. Hay algunas provincias donde la aplicación de la ley es más fácil y concreta y otras donde resulta más complicado», explicó Túñez.

Y completó: «Aceptamos el desafío de seguir cumpliendo con todos los compromisos sostenidos por el país».

La delegación argentina presentó así el séptimo informe desde su adhesión al tratado internacional, ocasión en la que se evalúa lo hecho en materia de políticas públicas en los últimos años.

El Comité puede hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. Se espera que el informe general de la auditoría esté listo para el 21 de noviembre.

Fuente: Télam.com.ar