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El juez Eduardo Farah, flamante integrante de la Cámara Federal tras su regreso a Comodoro Py a principios de mes, instó a apurar la instrucción de la causa por la muerte de Alberto Nisman, quien apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner -hoy vicepresidenta- por el encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto con Irán.

El pronunciamiento del juez Farah consta de una breve resolución que fue firmada este jueves en la Cámara Federal. La Sala II debía resolver un cuestionamiento formulado por la defensa de Diego Lagomarsino, el técnico informático que está acusado de haber sido partícipe necesario en el homicidio de Nisman.

Los abogados de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, protestaban porque el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, no había aceptado llamar a declarar a uno de los peritos que participó en Salta para cotejar si el arma que dio muerte a Nisman dejaba a o no pólvora en las manos al dispararse. Es que querían que el ingeniero José Luis Manzano explicara si “había rastros de manipulación” de un arma de fuego. Después de la muerte de uno de los expertos que hizo el estudio de Gendarmería -clave para plantear la hipótesis del asesinato-, la defensa quería escuchar a este perito. El fiscal dijo que no porque todo ya había sido planteado en la Junta Interdisciplinaria y en los informes periciales.

Lagomarsino declaró en indagatoria en noviembre de 2017 para negar haber sido partícipe del homicidio de Nisman. Dijo que tenía una relación de “amor-odio” con su jefe, contó cómo le llevó el arma al fiscal a pedido del funcionario y aseguró: “No me importa cómo murió, igual me cagaron la vida”. El 26 de diciembre de ese año, Ercolini procesó a Lagomarsino, junto a cuatro custodios que ese fin de semana debían encargarse de la seguridad de Nisman. La confirmación del procesamiento de los custodios (Lagomarsino no lo apeló) llegó en junio de 2018 en la Cámara Federal, cuando Irurzun y Bruliga sostuvieron que la muerte de Nisman fue un homicidio como “directa consecuencia” del cargo que cumplía en la UFI-AMIA.

Para esa altura, Farah ya se había ido de la Cámara Federal, tras su votación en la causa Oil Combustibles junto al juez Ballestero. Ballestero se jubiló y Farah pidió el pase a los tribunales de San Martín. Pero el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de Bruglia y Pablo Bertuzzi le permitió volver a su lugar en los tribunales de Retiro. Desde ahí, en una de sus primeras decisiones, firmó esta resolución sobre el caso Nisman, en donde -como al pasar- insta a Ercolini a apurar los tiempos para elevar la causa a juicio oral. O al menos a “abrir un incidente en donde la Cámara Federal escuche a las partes para saber las razones por las cuales las investigación se dilató y controle las razones por las cuales se solicitaría la prórroga”.

En enero pasado, al cumplirse seis años del fallecimiento de Nisman, sigue trabajando para intentar saber por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos y avanzar con la citación de casi un centenar de espías en calidad de testigos para que aporten algún dato al respecto.

Fuente: Infobae