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El destino de Luiz Inacio Lula da Silva mantiene en vilo a Brasil. Con manifestaciones a favor y en contra, todas las miradas estarán hoy puestas sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, donde se juzgará un pedido de habeas corpus que puede evitar que el popular expresidente, favorito para las elecciones de octubre, vaya a prisión pese a la condena en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero.

La defensa de Lula aboga para que al exmandatario se le permita seguir en libertad mientras apela su sentencia a 12 años y un mes de cárcel ante las instancias superiores: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el propio STF. Una decisión en ese sentido, que modificaría la jurisprudencia de la Corte revisada en 2016, no solo afectaría al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) y probablemente el resultado de los próximos comicios. El cambio significaría también un duro revés para la operación Lava Jato, cuyas investigaciones anticorrupción pusieron tras las rejas a importantes políticos y empresarios gracias a instrumentos como las delaciones premiadas y prisiones preventivas.

El propio juez federal Sergio Moro, que tiene a su cargo la mayoría de los casos del Lava Jato en Curitiba, ha advertido que la modificación del entendimiento actual del STF llevaría a dejar libres también a muchos otros condenados en segunda instancia que podrían apelar por años los fallos hasta que sus crímenes proscriban. Sería -resaltó- un camino para garantizar la impunidad de los más poderosos.

El año pasado, Moro halló a Lula culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá como soborno en especie a cambio de haberle conseguido contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El expresidente apeló el fallo, pero en enero el Tribunal Regional Federal en Porto Alegre no solo ratificó la sentencia, sino que aumentó la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Con esta confirmación de la condena, Lula además de quedar en teoría inhabilitado para competir en los comicios de octubre (ley electoral de ficha limpia), debería ir preso. Sin embargo, sus abogados interpusieron ante el STF el pedido de habeas corpus preventivo que debe ser analizado hoy y mientras tanto está protegido por una medida cautelar. Más allá de este caso, el exmandatario está procesado en otras seis causas vinculadas con el Lava Jato.

Por todo lo que está en juego, la sesión del STF de esta tarde se da en un ambiente político muy polarizado, cargado de tensión y presiones a la Corte. En los últimos días, simpatizantes y opositores a Lula, de 72 años, organizaron actos en todo el país en los que hubo insultos, enfrentamientos y hasta episodios más peligrosos de violencia: la semana pasada, desconocidos dispararon balazos contra dos ómnibus que formaban parte de una caravana de Lula por el estado de Paraná; nadie resultó herido.

«Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social», exhortó anteayer en un inusual video la presidenta del STF, Carmen Lucía Antunes Rocha.

Se espera que hoy grupos de ambos lados repitan manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, frente al STF. Ayer la Corte recibió documentos respaldados por miles de firmas a favor y en contra del cumplimiento de las penas de prisión tras condenas en segunda instancia. Más de 5000 jueces y fiscales respaldaron el mantenimiento de la actual jurisprudencia de la Corte. Otros 3000 signatarios, enmarcados en el Instituto de Defensa del Derecho de la Defensa y la Asociación Nacional de Defensores Públicos, entre otras entidades, señalaron que el encarcelamiento tras una decisión en segunda instancia hiere el principio constitucional de presunción de la inocencia.

Fuente: La Nación