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Sobre el funcionario pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes”.
A su vez, el fiscal solicitó 9 años de cárcel bajo el mismo cargo para otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira.