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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Angelo Calcaterra, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al secretario de obras públicas José López, en el marco de una de las causas por el escándalo Odebrecht.

Se trata de una importante investigación por irregularidades en la concesión del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y donde se sospecha que se pagaron coimas por parte de la constructora brasilera.

También citó al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez como supuesto intermediario entre los empresarios y los funcionarios investigados.

Otro nombre que se destaca en una nómina de 49 citaciones es el de Marcelo Odebrecht, figura clave de todo el entramado. Está acusado de cohecho activo: de haber sobornado funcionarios para obtener la obra. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, también será indagado por el magistrado.

«Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular» de la licitación, remarcó el juez en la resolución.

En este sentido, advirtió que «se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore».

Las 49 citaciones abarcan a los ex funcionarios que «formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal» u otras reparticiones que intervinieron «de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio» y, además, a los «apoderados de las empresas privadas adjudicatarias» y sus responsables.

Fuente: TN