Ausencia del estado, superpoblación y extrema violencia provocaron la crisis carcelaria

Más de 130 presos fueron asesinados en apenas 15 días dentro de las superpobladas cárceles de Brasil, donde las bandas criminales ejercen absoluto control y llenan el vacío dejado por la ausencia del Estado, de acuerdo con opiniones coincidentes de analistas.



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El último episodio de extrema violencia fue reportado este fin de semana, cuando al menos 26 presos murieron en una cárcel de la ciudad de Natal, en el estado Río Grande do Norte, a causa de una pelea entre bandas delictivas. Esta reyerta estalló a pesar de las promesas de control que hizo el Estado de Brasil en los días siguientes a las masacres en penales de Manaos (con unos 70 muertos), Boa Vista (33 muertos) y San Pablo, todas ocurridas en la primera quincena de 2017. La gran mayoría de las matanzas, que incluyeron decapitaciones y descuartizamientos, fueron atribuidas a feroces luchas entre bandas criminales por el dominio de los asuntos internos de las cárceles y el negocio del narcotráfico. Muchos de los grupos delictivos dirigen sus actividades delictivas dentro de los presidios, como es el caso del Primer Comando da Capital (PCC), nacido entre los muros de un penal de San Pablo.

La población carcelaria de Brasil es la cuarta en el mundo por su volumen, después de Estados Unidos, China y Rusia.
Según las últimas cifras publicadas en 2014, en los penales brasileños, con capacidad oficial para 371.884 personas, conviven hacinados más de 622.000 reclusos. Hoy, prisioneros de clanes rivales intentaron rebelarse de nuevo tras la muerte de 26 reos en una cárcel del estado de Río Grande do Norte durante el fin de semana.

Treinta presos huyeron tras realizar un agujero en un muro; dos de ellos fueron abatidos en el momento de la fuga y otros dos murieron durante un enfrentamiento con la policía en un residencia de una localidad vecina, se informó este lunes. Por otra parte, las autoridades brasileñas se vieron forzadas a trasladar a 240 presos de una cárcel de Alagoas, en el noreste del país, a otra del mismo estado ante el riesgo de que estallen nuevos motines. El grupo de internos fue transferido después de una investigación del departamento de Inteligencia estatal con objeto de «evitar conflictos y tumultos», según confirmaron a la agencia EFE fuentes de la Secretaria regional de Resociabilización e Inclusión Social (Seris).

Fuente: Télam

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