La Sala II de ese cuerpo ratificó la sentencia del TOF N° 2, aunque ordenó que otro tribunal dicte una nueva pena. Había sido condenada a 4 años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de "encubrimiento" de una supuesta maniobra financiera ilícita, y "ocultamiento de documentos públicos".