El beneficio correspondería a quienes fueron privadas de su libertad mientras rigieron los edictos policiales que castigaban la expresión de esta identidad de género, o que sufrieron violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad.

La policía capturó a cinco miembros del clan Ale, acusados de secuestrar a la hija de Susana Trimarco.