No Banner to display

Impulsó acciones legales por el llamado «Nueragate» y el «Caso Yate». La oposición chilena aprovecha el escándalo oficialista para volver a la carga.

El principal objetivo mediático de sus misiles se llama Michelle Bachelet, que celebrará el 11 de marzo próximo un año desde que regresó al Palacio de La Moneda.

En lo político, los objetivos tienen más nombres: Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta; su esposa Natalia Compagnon -ambos protagonistas del «Nueragate» o «Caso Caval»-, y Heraldo Muñoz, canciller chileno, este último vinculado con otro escándalo, el «Caso Yate».

En ambos episodios, la derecha ayer concretó acciones judiciales que podrían amargar la fiesta de la gobernante. Eso sin contar que aún resta la quinta conmemoración del terremoto «8,8», que volverá a tener a Bachelet al mando del país y hará recordar su criticada actuación la madrugada del 27 de febrero de 2010.

El «Caso Yate» ayer tuvo novedades. Tiene su origen en septiembre de 2013 en Nueva York, cuando se celebró una cena en una embarcación con la finalidad de reunir fondos para la campaña presidencial de la entonces candidata Michelle Bachelet. En la organización de la cena participó el actual canciller, Heraldo Muñoz, que entonces era subsecretario general del PNUD. La cooperación inicial era de 1000 dólares.

La UDI, el principal partido de oposición, presentó una denuncia el 22 de enero pasado a la agencia norteamericana de recaudación de impuestos (IRS), que depende del Departamento del Tesoro. Las presuntas irregularidades que pidieron investigar tienen que ver con el origen de los aportes, pues la ley chilena prohíbe que extranjeros financien campañas políticas. El diario La Tercera tuvo acceso a la respuesta del organismo: «Los antecedentes serán incorporados al programa de fiscalización que el organismo efectúa habitualmente». Además, se solicitó indagar las actividades de dos fundaciones a las cuales pertenecen otros chilenos que organizaron la cena, pues la ley estadounidense impide a entidades sin fines de lucro y con beneficios tributarios participar en actividades políticas.

El otro caso en que la oposición se mantuvo firme ayer como denunciante es el «Nueragate», operación de compraventa de terrenos en la cual la empresa Caval, cuyo 50% de propiedad es de Natalia Compagnon, nuera presidencial, obtuvo casi cuatro millones de dólares de ganancia y que le costó el cargo a su esposo, Sebastián Dávalos, hijo mayor de Bachelet y hasta el viernes pasado director del Área Sociocultural de gobierno.

El joven politólogo recalcó en la única entrevista que concedió tras el escándalo que él actuó a título privado en la reunión que sostuvo su mujer con el vicepresidente del Banco de Chile para gestionar un crédito de 10 millones de dólares en el año 2013. Entonces su madre era aún candidata y el dinero fue usado para comprar terrenos agrícolas en la región de O’Higgins que aumentarían su valor cuando se decretara un cambio de uso de suelo que, por cierto, aún no se materializa.

La UDI y Renovación Nacional presentaron ayer acciones paralelas. Pablo Terrazas, prosecretario nacional de la UDI, presentó una denuncia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para indagar si existe tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Ante la ofensiva de la oposición, el politólogo Cristóbal Bellolio opina que el «Nueragate» le permite a la derecha «un respiro en el asedio que han sufrido en los últimos meses por el Caso Penta». En cualquier caso, agrega: «Es un juego de doble filo: mientras más apriete la oposición en estos casos, más se exponen a sí mismos. Es una estrategia que en el nombre del empate puede terminar enlodando a todos».

Fuente: La Nación