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Esta madrugada, y en forma concomitante con el allanamiento realizado en su propiedad de Nordelta, la Justicia prohibió la salida del país a Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se ejecutó cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en un vuelo privado: la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar, y recuperó un celular que el empresario descartó en el momento.

Según confirmaron fuentes de la investigación a este medio, aún se desconoce “si el chip que tenía se corresponde con el celular de el”. Y otro dato que llamó la atención de los pesquisas: ayer martes 29 arribó al país procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al país vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya había circulado la alerta que le prohibía salir de la Argentina.

Faroni quedó en el centro de una causa por presunto desvío de fondos millonarios al exterior que involucra la administración de recursos de la AFA a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. El expediente investiga movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas que habrían canalizado ingresos del fútbol argentino fuera del país. En total, los negocios bajo análisis rondan los USD 300 millones.

La pieza clave del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021, de la cual Faroni era la cabeza visible. A los pocos meses de su creación, la firma se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA para contratos en el exterior, bajo un acuerdo aprobado por el comité ejecutivo que preside Tapia. Ese contrato le otorgó a TourProdEnter la función de agente de cobro y pago de ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina: la empresa recaudaba, realizaba pagos, descontaba comisiones y transfería los excedentes a la AFA.

De acuerdo con registros bancarios confidenciales incorporados a la causa, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones en apenas cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran empresas ligadas a la Selección, como Adidas, que transfirió USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

Sin embargo, una parte sustancial de ese flujo no tuvo como destino directo a la AFA. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones fueron derivados a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Esas transferencias se suman a un circuito financiero más amplio que, según la pesquisa, canalizó más de USD 260 millones sin una trazabilidad clara sobre el destino final ni sobre los verdaderos beneficiarios.

Otro eslabón relevante fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con pasos por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y estuvieron debidamente documentadas, afirmando que los fondos se transferían luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de manera marginal, identificada como deudora y sin que se detalle su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.

Las sospechas se profundizan al analizar quiénes están detrás de las LLC receptoras del dinero. Según la investigación, los beneficiarios son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias: empleados de pequeños comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia y deudas significativas. Entre ellos figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC; Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC; Verónica Inés López, asociada a Velp LLC; y Roberto Salice, relacionado con Velpasalt LLC y declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Las direcciones en Miami declaradas por esas firmas corresponden, además, a servicios de “oficina virtual”, y dos de ellas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.

En este marco, el juez federal Luis Armella emitió la orden de los procedimientos, a partir de un pedido formulado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Por disposición del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.

Según fuentes judiciales, los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitirían vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, presuntamente montados a partir de estructuras del fútbol profesional utilizadas como soporte operativo.

Fuente: Infobae