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Mientras se debate una nueva ley pyme, que muchos suelen llamar “Mini Rigi”, varias cámaras empresarias del sector se encuentran reunidas este mediodía con el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, para tratar y proponer modificaciones para la reglamentación de la reforma laboral aprobada en la Ley bases.

Las organizaciones confirmadas que participan de la reunión son la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Movimiento Nacional Pyme (Monapy), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Red Federal, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Idea PyME, Unión Industrial Argentina (UIA) PyME, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) pyme, la Confederación Rural Argentina (CRA), la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro, Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), Coninagro y Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Desde esta última, Marcelo Fernández, presidente de la entidad, dijo a Infobae: “Venimos trabajando en varias cuestiones, en la quita de multas, en los juicios laborales, el tema de los accidentes de trabajo y de las ART, tratar de que sea más adecuado a la situación de las pymes para evitar los juicios. Vamos a tratar de trabajar también en la segmentación de la pequeña y media empresa, porque pymes somos 99%, entonces, las medianas siempre tienen más chances que las grandes”, dijo el empresario. Y agregó: “Me parece que hay que segmentarlo, para dividirnos en el universo, y también ver si se puede poner un capítulo para los convenios colectivos; no es lo mismo una empresa de 3 o 4 trabajadores que una de 200″.

En tanto, desde CAME detallaron algunas de las propuestas, apoyadas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la UIA, que le plantearán a Cordero. El Artículo 77 de la ley señala: “La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.

Frente a esto, la propuesta de la entidad es establecer “específicamente para empresas con certificado Pyme vigente, en los casos de regularización de hasta doce trabajadores, plantear la extinción del total de la deuda del empleador por falta de pago de aportes y contribuciones destinados a los diferentes subsistemas de la seguridad social: PAMI, Seguro de Salud, Fondo Nacional del Empleo, ART y Obras Sociales, entre otras. Además, que los empleadores que inicien una nueva relación o regularicen una preexistente gocen de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social del 50% en los primeros doce meses y del 25% en los doce meses subsiguientes. Además, la registración de los empleados no declarados producirá la liberación de las infracciones, multas y sanciones por incumplimientos a la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuente: Infobae