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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reaviva nuevamente la polémica por el servicio de pasajeros automotor, luego de la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña que “busca modernizar y ordenar” la actividad de taxis, remises y aplicaciones digitales.

El texto, que actualmente se encuentra en comisión para su tratamiento previo a su puesta en el recinto, propone una reforma integral del Código de Tránsito y Transporte. Y responde a la irrupción de nuevas tecnologías y a la “necesidad de modernizar el marco regulatorio, adaptándolo a las nuevas realidades de la movilidad urbana”.

El eje central de la iniciativa es la creación de un marco regulatorio unificado que abarque tanto a los servicios tradicionales como a las plataformas digitales de intermediación, conocidas popularmente como aplicaciones de transporte. El proyecto establece que solo podrán operar en la ciudad los vehículos habilitados, conducidos por choferes debidamente registrados y bajo relación laboral formal. De este modo, se prohíbe de manera expresa la intermediación con automóviles particulares no habilitados.

“La falta de actualización normativa ha derivado en múltiples problemas como la proliferación de servicios informales sin control, conflictos judiciales de difícil resolución, condiciones laborales desiguales entre choferes y la ausencia de criterios claros sobre la fiscalización de estas plataformas”, puntualiza el proyecto.

La presentación del proyecto, que cuenta con autoría del legislador Alejandro Grillo (Unión por la Patria) se realizó la semana pasada y cuenta con el apoyo de gremios como Peones de Taxis, Sindicato de Conductores de Taxis, Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), Union Propietarios De Autos Taxis (UPAT), CAMETAX y UPIMRRA.

La propuesta reconoce la existencia de las Empresas de Despacho de Viajes basadas en plataformas digitales como Uber o Didi, que actualmente no sólo se han transformado en una alternativa de viajes muy utilizada, sino también en una fuente laboral de rápido acceso para miles de conductores. Sin embargo, les impone obligaciones estrictas.

Estas empresas deberán contar con domicilio legal y sede operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tributar por la totalidad de los viajes iniciados en la jurisdicción. Además, cada viaje deberá registrarse en tiempo real en servidores administrados por el Estado, lo que permitirá verificar el cumplimiento tributario, la vigencia de los seguros y la integridad de la información.

A su vez, estas empresas deberán implementar un sistema de registro y transmisión de datos en tiempo real hacia un servidor espejo administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad. El sistema deberá contener información sobre todos los viajes despachados, actividad simultánea de conductores en más de una aplicación, situaciones excepcionales que modifiquen precios, datos para el cálculo de la cuota de mercado, cumplimiento de seguros, accesibilidad, tiempos de espera y condiciones contractuales impuestas a conductores y usuarios.

En caso de aprobarse, y durante el período de transición, las empresas de despacho de viajes habilitadas antes del 1 de enero de 2024 dispondrán de tres años para adecuar su operatoria a las nuevas exigencias. Mientras tanto, podrán continuar prestando servicios bajo las condiciones actuales, pero deberán avanzar en la adaptación a la normativa propuesta.

El texto del proyecto subraya que la falta de actualización normativa había derivado en servicios informales sin control, condiciones laborales desiguales y ausencia de criterios claros para la fiscalización de las plataformas. Según los fundamentos, esta situación generó incertidumbre tanto para usuarios como para trabajadores y para el propio Estado, que no lograba ejercer un control efectivo ni garantizar equidad en la prestación del servicio.

Fuente: Infobae